En marzo se producirá un pacto sanitario entre CC AA y Gobierno
central
Urge reducir el gasto público.
Hay que sanear las cuentas públicas,
y que este saneamiento se
haga contando con el sacrificio de
todos. Decidido a hacer reformas
en serio –estructurales- el Gobierno
propondrá la de la sanidad. Una
vez digerido por la opinión pública
el sobresalto o disgusto de la reforma
de las pensiones, se dispone a
presentar el tercer gancho del tridente
reformista –la reforma de la
educación navega por pacíficas
aguas de semiconsenso-, la de la
sanidad. Un grupo de trabajo –que
opera como siempre en estos
asuntos en la sombra- formado
por técnicos del Ministerio de
Economía y de la Oficina para
Asuntos Económicos de la Presidencia
del Gobierno, tiene las
cuentas hechas desde el verano
pasado. Y parece que les sale muy
bien -para el Presupuesto, por supuesto-
aunque a costa de algún
que otro sacrificio, como por ejemplo,
que la sanidad dejará de ser
totalmente gratis, y que a partir de
los próximos Presupuestos Generales
del Estado y de la Seguridad
Social que se elaboren para el ejercicio
2011, la reforma ya contará
con números propios.
Después de conocer el traspiés de
Grecia y las amenazas privadas y
públicas de diversas sociedades
calificadoras, amén de las opiniones
de otros organismos internacionales
sobre los problemas de la economía
española, el equipo económico
de Salgado y Campa decidió
que este es el momento adecuado
para poner en marcha la
segunda gran reforma económica,
la de la sanidad. Y aunque en las
próximas semanas se den a conocer
algunos detalles sobre los puntos que
puede abarcar una –también- próxima
reforma del mercado laboral, la
de la sanidad se pondrá en marcha
antes del verano próximo, para lo
que el Ejecutivo cuenta con que se
podrá alcanzar el suficiente consenso
para llevarlo a término.
Las cifras cantan y los mercados
de capitales también. Suben los seguros
de deuda de los países con
mayores problemas económicos, y
alguno de ellos, como Grecia, puede
encontrarse con una situación desesperada a la altura de junio,
cuando su presupuesto anual no llegue
para pagar su sistema de sanidad.
Y España lleva un camino similar
al heleno.
El grupo de trabajo integrado por
funcionarios y técnicos, tiene en su
poder el informe que señala que las
Comunidades Autónomas son incapaces
de hacer frente a más del
40% de las facturas sanitarias, así
que deudas y facturas se amontonan
en varias habitaciones ante la
falta de recursos para ser saldadas.
En Sevilla, han iniciado días atrás
una interesante labor educativa.
Comunicarán a los usuarios de servicios
sanitarios el coste imputado
al servicio consumido por el usuario,
idéntico camino al realizado desde
hace varias décadas en Suecia
o en Francia. En el país vecino cada
paciente contribuye con un 30% del
coste del servicio sanitario en atención
primaria, y aumenta esa contribución
en otro tipo de consultas
especializadas. El 30% es la aportación
que en España realizan, únicamente,
los funcionarios, pero no
así los de régimen general, notablemente menor. En Suecia, por
ejemplo, las visitas a urgencias
disminuyeron un 64% desde el
momento en que los pacientes
tuvieron que comenzar a pagar
16 euros. La medida no fue
acompañada por un aumento de
la tasa de mortalidad, así que según
los técnicos, la aplicación del
sobrecoste se saldó con un éxito
previsto. Al menos, así ocurrió en
Suecia.
Así que el Gobierno, obligado
para cumplir Maastrich, debe bajar
su déficit público y su deuda
pública hasta los límites marcados
por esos acuerdos. Y la única
vía para detener el déficit pasa
por detener y recortar al gasto
público, única forma también, para
asegurar la sostenibilidad del sistema
sanitario español. No se trata
de que el Estado no podrá hacer
frente a sus compromisos
sanitarios a corto plazo, sino de
que la sostenibilidad del ese sistema
no será posible sin realizar
una reforma en profundidad.
Esa profundidad pasa por un
cambio en la relación de las aportaciones
de empresas y particulares
al régimen de la seguridad
social. El actual sistema, para
muchos considerado de copago,
se transformará en un auténtico
copago a la europea, un copago
de verdad, caracterizado por una
mayor carga –reconocimiento de
costes- en el precio de los servicios
sanitarios, que recaerán, y en
eso consistirá la reforma, en el
contribuyente o perceptor del servicio
sanitario.
Las Comunidades Autónomas
recibieron, muy contentas y con
particular regocijo, hace unos
años las transferencias de la sanidad,
valorando en primer lugar
que se trataba de competencias
que les venían concedidas desde
la Administración Central del
Estado. Sin embargo, con el
paso del tiempo comenzaron a
comprobar que, como cualquier
otro servicio público, la sanidad
tiene también sus precios, de
forma que en los servicios sanitarios
nada es gratis, hay costes
por todas partes; médicos, enfermeras,
materiales, máquinas,
tratamientos, inmuebles, y un
largísimo etcétera, todo cuesta
dinero y además con una sujeción
extrema a la ley de la oferta
y la demanda.
Un informe con el que trabaja
el sector, señala que «en 2006
los españoles realizaron ocho visitas
a su médico, un 40% más
que la media europea». Se asegura
en el mismo informe que «el
gasto farmacéutico per cápita es
40% mayor que el de Reino Unido,
Portugal o Dinamarca… y que
el 70% de las recetas se concentran
en el 20% de la población
exenta de pago». Son sólo
algunas de las cifras que, según
los técnicos del ministerio de
Economía, pueden ilustrar el estado
de necesidad de una reforma
sanitaria.
Coordinadora Anti-
Privatización de la Sanidad
Pública de Madrid (CAS)
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