Junto a los nuevos problemas
planteados por el desarrollo
dependiente del capitalismo en
el estado español, como los
creados por las burbujas
financieras, vuelven (y volverán)
a aparecer los problemas
de la revolución burguesa
históricamente no resueltos ni
por la república, ni por el
franquismo –que directamente
los aplastó con el aparato
militar y represivo- ni por la
monarquía que, como heredera
directa del régimen franquista,
le lavó la cara, y mantuvo
intacto lo fundamental bajo
una capa de «maquillaje
democrático». Pero ese
maquillaje deja ver con creciente
frecuencia lo que intenta
ocultar, como muestra el caso
de la demora de más de 3 años
del Tribunal Constitucional
para pronunciarse sobre la
tímida reforma del Estatut de
Catalunya, sobre la que el
Tribunal Constitucional no
sabe qué sentencia dictar sin
provocar una crisis política, y
sin poner en evidencia la
esencia franquista del estado
monárquico. El «caso Garzón»
es otra muestra de ello.
La pervivencia del régimen
franquista
Tal como analizamos en el suplemento
de este número de LI, la
denominada «transición» consistió
en mantener lo fundamental del
franquismo, conservando intactos
los resortes esenciales del régimen,
sus instituciones y las clases y sectores
sociales que lo constituían,
cambiando al Jefe del estado, Franco,
por el monarca Juan Carlos I.
Para ello tuvieron que ahogar las
luchas de los trabajadores mediante
consecutivos pactos sociales y
reformas laborales, que han reducido
en gran medida lo que esas
luchas habían conquistado. También
fue necesario aislar y perseguir las
luchas de las nacionalidades históricas
por sus derechos nacionales.
Y todo ello se llevó a cabo con el
acuerdo de PCE y PSOE, junto a
los sindicatos CCOO y UGT, que
optaron por esa forma de transición
–»cambiando todo para que nada
cambie»- traicionando lo que ellos
mismos habían defendido bajo el
nombre de» ruptura democrática».
Se mantuvieron los mismos jueces,
los mismos cuerpos policiales y militares
responsables de torturas y
asesinatos, las mismas prisiones y
tribunales. Y también los mismos
banqueros y grandes empresarios
que se beneficiaron económicamente
de la dictadura. Unos
reconvertidos en gerentes de multinacionales
que participan en el
saqueo de América Latina, África y
otras zonas, o se enriquecen al
amparo de las operaciones militares
en Irak, Afganistán, Haití y
Oriente Medio; y otros en dueños
de grandes bancos, fundaciones y
empresas, que han continuado creciendo
bajo la monarquía, a la sombra
del poder, y con el importante
apoyo de los sucesivos gobiernos
que no han dejado de proporcionarles
fondos y ayudas, y que han
diseñado las leyes y la política económica
a su medida y en su beneficio.
Lo mismo se aplica a la política
agrícola, practicada en beneficio
de los grandes latifundistas y supeditada
a los intereses
de las burguesías
de países
más poderosos de
la Unión Europea,
como Francia y
Alemania, empobreciendo
a los
sectores campesinos,
esclavizando
la mano de obra
inmigrada, destruyendo
cultivos, y
dejando todavía
pendiente la reforma
agraria que
acabe con el latifundio
y la especulación, y racionalice
la producción agrícola para ponerla
al servicio de toda la sociedad.
Precisamente es una de las rémoras
de la transición, la Ley de
Amnistía de 1977, pactada con PCE
y PSOE, la que ahora utilizan los
sectores más reaccionarios del espectro
franquista contra el juez Garzón.
Una ley que significó la liberación
de muchos presos políticos
antifranquistas y luchadores del
movimiento obrero -siempre que no
tuvieran penas por «delitos de sangre
»-, pero que «a cambio» dejaba
impunes los crímenes franquistas –
fueran o no de sangre- como «ley
de punto final», similar a las de Chile
y Argentina de años posteriores. La
acusación contra Garzón se basa,
precisamente, en que los delitos del
franquismo han sido «perdonados»
por esa ley y en que él, como juez,
lo sabe, por lo que prevarica al promover
el proceso.
La Audiencia Nacional y el
juez Garzón
En 1977, el Tribunal de Orden
Público franquista, tribunal de excepción
para la persecución política y
sindical, pasó a llamarse Audiencia
Nacional, y desde ese órgano represivo
Garzón, como juez instructor,
ha desarrollado sus actuaciones.
Apoyándose en la Ley Antiterrorista
de 1987 y en la Ley de Partidos de 2002 ha tenido dos ejes principales:
1) la persecución, aislamiento
y criminalización de la lucha
nacional de los pueblos catalán
y, especialmente, vasco. En
este terreno es dónde se han
incubado y predicado las teorías
de que «todo es ETA», y la
criminalización del llamado «entorno
de ETA», así como de la
juventud combativa y, últimamente,
de los sectores sindicales
participantes de la lucha por
los derechos nacionales. Para
ello, el juez no ha dudado en
cerrar emisoras de radio y periódicos,
o ilegalizar partidos políticos
y candidaturas electorales,
ni en encarcelar a dirigentes,
militantes y simpatizantes de organizaciones
independentistas o
combativas;
2) la persecución
de los inmigrantes árabes y musulmanes,
acusándoles de pertenencia
a organizaciones terroristas
y echando permanentemente
el velo de la sospecha de
terrorismo sobre ellos, sin reparar
en los medios empleados
para conseguir esta
culpabilización –como en el caso
del llamado «Comando Dixán»-,
que ha trascendido a la sociedad
y forma parte de la ideología
xenófoba y racista con que se
quiere dividir a la clase obrera.
No defendemos a Garzón,
pero sí queremos que se
juzguen los crímenes
franquistas
Con la política de dar «una de
cal y otra de arena», el juez Garzón
ha aparecido como gran
defensor de la democracia cuando
ha intentado juzgar al dictador
Pinochet y al general Franco
por crímenes contra la humanidad.
En el primer caso, complicaciones
internacionales dieron
al traste con el proceso. En el
segundo caso, el hecho de que
el culpable de los crímenes, Franco,
estuviera certificadamente
muerto, hizo al mismo Garzón
archivarlo. Desde luego, como
luchador por la democracia, el
juez Garzón no desarrolla tantas
habilidades como en su lucha
contra ella. El hecho es que al
fin ambos casos han servido para
cerrar aquello que, de palabra,
pretendían abrir. ¿O acaso era
ese el objetivo?
Un inesperado «efecto colateral
» vino a complicarle la vida a
Garzón: la extrema derecha
franquista ha conseguido procesarle
por prevaricación, y su inhabilitación
está en juego. Esta
situación ha provocado un movimiento
de solidaridad con el
juez, promovido por los sectores
de la izquierda política y sindical
que pactaron la transición
española.
A nuestro juicio, esa campaña
de solidaridad con el juez
cumple un efecto contrario,
pues confunde los problemas. Al
poner en el centro la defensa de
Garzón –indefendible con argumentos
democráticos por sus
actuaciones, pero injustamente
atacado por la extrema derecha
y el núcleo franquista de las instituciones-,
la campaña relega
a segundo plano lo más importante:
la investigación y castigo
de los crímenes del franquismo,
y la pervivencia del franquismo
en la monarquía. Por este motivo,
como Lucha Internacionalista
(LI), nos hemos adherido a
dos manifiestos antifascistas
contra la impunidad de los crímenes
del franquismo, sin dar
por ello nuestro apoyo al juez
Garzón (Abajo se encuentran las
siguientes direcciones de
internet)
Desde luego, no podemos
saber lo que motivó al juez a realizar
estas maniobras, que tanta
relevancia mediática le acarrearon
en su momento y que ahora
le han llevado al atolladero.
Pero lo que sí sabemos es que
tanto los crímenes del
franquismo, como los de la dictadura
de Pinochet, aún no han
sido juzgados, lo que contribuye
a seguir negando los derechos
de los miles y miles de familiares
y compañeros de lucha de las
víctimas de ambas dictaduras,
que no tienen nada que agradecerle
al juez Garzón.
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