En 2009 el gobierno Zapatero impulsó, como medida
estrella ante la crisis, el Fondo Estatal de Inversión
Local (FEIL, popularmente conocido como
«Plan Ñ»), que se vendió como una herramienta de
lucha contra el paro en la construcción mediante la
financiación de obras públicas a realizar por los
ayuntamientos. Analizamos aquí las grandes cifras
invertidas y en qué medida se han traducido
en puesto de trabajo.
El fondo se dotó con 8.000 millones de euros (el 0,8% del
PIB), con el objetivo de «dinamizar la economía y favorecer
la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, especialmente
en la construcción que sufrirá un ajuste particularmente
profundo».
Un total de 8.108 ayuntamientos (en el Estado hay
8.112) presentaron casi 31.000 proyectos sobre rehabilitación
y mejora de espacios públicos y construcción de
equipamientos e infraestructuras.
Los requisitos exigidos obligaban a que los proyectos
no estuvieran previamente incluidos en los presupuestos
municipales, y a que fueran ejecutados por empresas
privadas (excepto en los municipios muy pequeños).
Los municipios presentaron proyectos a contrarreloj, con
el único objetivo de alcanzar la suma que les correspondía:
180 euros por habitante, al margen del índice de
desempleo de cada lugar. Ha habido obras más o menos
necesarias (fue sorprendente, por ejemplo, la gran
cantidad de cementerios que se rehabilitaron), pero lo
más escandaloso ha sido el resultado en puestos de
trabajo.
Según los datos del Gobierno, las obras que se han
financiado han empleado a un total de 410.597 trabajadores,
de los que sólo 173.577 estaban en paro (muchos
de ellos despedidos sólo para poder ser contabilizados
como desempleados contratados por las mismas
empresas que ejecutaban los proyectos). El resto,
237.020, ya trabajaban en las empresas adjudicatarias.
No hay que olvidar que además, en la gran mayoría de
casos se trataba de peonadas de pocas semanas (incluso
días) de duración. Las que sí se han llevado una
buena tajada han sido las 14.000 empresas que han
recibido los contratos.
Un verdadero plan de obras públicas para combatir el
paro pasaba por la contratación directa de los trabajadores
desde los mismos ayuntamientos, en forma de
brigadas de obras municipales que aseguraran una estabilidad
en la contratación, el cumplimiento de las condiciones
de los convenios vigentes en cada provincia y,
al mismo tiempo, un mayor ajuste de los proyectos a las
necesidades reales de mejora y mantenimiento urbano.
Pero en lugar de esto, el Gobierno prefirió dar un balón
de oxígeno a un sector que se alimenta de la precariedad
y la especulación inmobiliaria. El plan de 2010 va
por los mismos derroteros, añadiendo ahora unas pinceladas
de «sostenibilidad» para ocultar el fiasco.
