El Govern de la Generalitat ha
construido en estos dos
últimos años la ley autonómica
que lleva al límite las posibilidades
privatizadoras que le da la
ley estatal de educación, para
aplicar todos los recortes
sociales en el terreno de la
educación pública mientras
traspasaba mayores fondos a
los negocios privados. Ahora,
en el momento de aplicar
medidas restrictivas por la
crisis, el ataque contra la
enseñanza pública es brutal.
Su defensa es la lucha de
todos y todas por una educación
digna para nuestros hijos
e hijas.
El norte del Tripartit:
favorecer a la privada y
adecuar a ella la pública
Padres y madres lo han sentido,
con una agresión como el cambio
de la semana de vacaciones a febrero.
En plena crisis, con perspectivas
de crecimiento del paro, el
Departament da cobertura a la semana
blanca de los centros privados,
a costa de dejar a los niños y
niñas de la pública sin oferta en una
semana de pleno invierno, a menos
que las familias lo financien. En
el trimestre de más rendimiento
educativo, la TV junto a la estufa,
mientras los padres y madres trabajan
y los abuelos ni siquiera tienen
el recurso de la piscina municipal
o el parque. Una semana en
blanco para la pública, para dar
cobertura a la semana blanca de la
privada.
Y sin embargo, éste es un reflejo
menor del calado de las medidas.
Ya en el curso pasado, padres y
madres vieron como las clases de
sus hijos en primaria se acercaban
y superaban los 30 alumnos, mientras
veían desaparecer grupos desdoblados
o talleres donde se aprendía
jugando o atendían la diversidad
de su clase. La razón de fondo ha
sido la cobertura dada desde el
Departament a la sexta hora que –
por fuera de la legislación vigentedaban
las escuelas privadas concertadas.
Oficializar esa sexta hora,
que recarga a los alumnos con una
cantidad de horas muy superior al
resto de países europeos, sólo tenía
por objetivo un suculento incremento
del dinero público para el
pago de los sueldos del profesorado
de la concertada (hay que recordar
que todos y todas los pagamos
a través del llamado pago delegado)
y que sin la oficialización de
la sexta hora, tenían que pagar las
empresas. El resultado en la pública
ha sido, primero, el caos en la
organización de los centros, e inmediatamente,
el recorte de lo mismo
que se había dado para imponer
la sexta, eliminando todo lo conseguido
para mejorar la atención de
los niños y niñas de la pública.
La puntilla, aunque menor, en los
servicios educativos (psicólogos,
formadores de profesorado y profesionales
para atender el tema lingüístico
en áreas con fuerte inmigración)
que hace un año, con la
LEC, pasaron a atender –sin ningún
incremento- no sólo a la pública
sino también de la concertada,
hoy se reducen 200 puestos de trabajo
y se prepara el paso a
subcontratas de empresas de servicios
que ya empiezan a crecer
también en este terreno en los despachos
de Vía Augusta, al calor de
los millones que mueve el llamado
1x1 con sus ordenadores, las pizarras
digitales y el necesario incremento
de la formación del profesorado.
Ahora, el desmantelamiento
de la secundaria
Si en el curso pasado lo empezaron,
liquidando de un plumazo la
posibilidad de que jóvenes trabajadores
se formaran en un bachillerato
nocturno, ahora les toca a los
diurnos y se inicia en las ofertas de
ciclos formativos.
Así, el 3 de mayo aparecía por
DOGC el cierre de bachilleratos de
una línea en 8 centros públicos,
acompañados en algunos casos del
aviso del cierre del centro el curso
que viene. La hipotética razón era
que sólo había un grupo de bachillerato
y eso imposibilitaba la oferta
de la totalidad de las asignaturas
optativas de un alumno. Otro de los
«argumentos» es que había poca
matrícula y por tanto «sobraban»
plazas. Ni lo uno ni lo otro son las razones de fondo, ya que en ese
mismo DOGC aparecían las renovaciones
de conciertos de
postobligatoria para 4 años más,
sin reducciones de plazas (en centros
de la misma zona donde se cerraban
en la pública), y con bachilleratos
con 1 solo grupo. La razón
de fondo, de nuevo, es favorecer
el negocio privado a costa de recortar
lo público, y se empieza por
aquellos institutos con mayores índices
de inmigración o alumnado
con riesgo de exclusión social, esperando
que haya poca resistencia
y el curso que viene generalizarlo
a los demás.
Apenas hace 10 días, se daba
otro paso en el mismo sentido en
El Prat de Llobregat donde se informaba
del cierre de una escuela y
un instituto para este fin de curso,
para «experimentar» –ni reglamentado
está- un nuevo centro Instituto-
Escuela que acogerá a niños
desde los 3 a los 16 años –sólo la
enseñanza obligatoria-, eliminando
cualquier oferta de bachillerato o
ciclos –incluso le quitan al instituto
la que tenía- a fin de «atender» una
parte del barrio de Sant Cosme
donde se concentra un alto porcentaje
de etnia gitana. A los padres –
que se oponen- ni se les informó
cuando inscribieron a sus hijos, y a
los profesionales -que también se
oponen- se les oferta o aceptar esa
guetización educativa o irse. Amén
de los recortes de plantilla… y que
queda en el aire el papel que jugarán
las fundaciones privadas que ya
venían usurpando horario lectivo al
que los alumnos tenían derecho,
para realizar talleres, por decisión
del Director de Zona mandado por
la Delegación Territorial. El proceso
hacia el incremento de las empresas
dentro de los centros educativos
y en horario escolar, probablemente
se incrementará en el nuevo
«experimento».
Sólo la movilización social, con
apoyo en primer lugar de padres y
madres, AAVV, entidades, etc… ha
logrado que en algunos de los institutos
que iban a perder el bachillerato
ya este año, la medida quede
en suspenso hasta el curso que viene.
Ese es el camino, como lo ha
entendido también la comunidad
educativa de Sant Cosme ahora, o
lo siguen haciendo los institutos que
han perdido el bachillerato.
No hay más tiempo que perder.
Las medidas caen en cascada, y
las respuestas siguen siendo una a
una. Es necesaria la implicación de
todos y todas para frenar el
desmantelamiento de un servicio
público que cada vez deterioran
más, desplazando el gasto educativo
a los bolsillos privados.
