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Perú: dos mineros de CASAPALCA muertos de bala

Criminal represión policial contra los mineros

, julio de 2007




Artera, criminal y cobarde ha sido la represión policial que el jueves 14 de junio descargó el gobierno aprista contra los trabajadores mineros de Casapalca y sus familias, causando la muerte por heridas de bala de un pequeño niño de apenas año y medio de edad y del compañero minero Óscar Fernández Taype, dejando además tres personas gravemente heridas. Tan salvaje agresión ocurrió cuando los trabajadores y sus familias, organizados en piquetes de huelga, mantenían bloqueda la Cerretera Central en el kilómetro 117 (Huarochirí), en una desesperada acción tras 18 días de huelga sin solución a sus demandas entre las que se encuentran la reposición de 300 despedidos y el cambio de las injustas e inhumanas condiciones de trabajo.

No conforme con esto, la empresa pretende encarcelar a 30 dirigentes sindicales, con cargos de delitos que representan una arbitraria y vil distorsión de las acciones de la organización sindical. El modus operandi de esta patronal, y es parte de una usanza ya generalizada, es el de criminalizar las justas luchas sindicales para hacer aparecer a los trabajadores como delincuentes, desviando la atención del verdadero problema que es la criminal injusticia de las empresas. Ocurre también en Shougang Hierro Perú, donde el principal dirigente, Ronnie Cueto, ha sido encarcelado desde el 5 de junio, y otros 8 dirigentes más tienen orden de captura, acusados antojadizamente de ser los causantes de un siniestro que despierta grandes dudas.

El gobierno conoce de sobra el drama de los obreros de Casapalca y los abusos y atropellos a que son sometidos por la patronal -la familia Gubbins- que, utilizando ilegalmente la figura de las contratas, mantiene a casi la totalidad de sus trabajadores por muchos años en calidad de "eventuales", sin derechos, sin el goce de la participación en las utilidades que manda la ley, en pésimas condiciones de salubridad y seguridad, y encima de todo con los salarios más bajos del sector minero. Los trabajadores de Casapalca no sólo claman por mejores condiciones de vida, sino por la vida misma. Basta mencionar que, en los trabajos del socavón, la empresa obliga a trabajar varias horas de sobretiempo pero solo bombea oxígeno las ocho horas de una jonada normal, el tiempo restante los mineros aspiran los gases tóxicos con graves daños a su salud.

Tanto conoce el gobierno, que el premier Jorge del Castillo admitió, en entrevista con RPP de la mañana del jueves 14, que la empresa, que además obstaculiza las inspecciones del ministerio de Trabajo, estaba cometiendo una injusticia con estos trabajadores, y declaró que los mismos serían recibidos por el ministerio para solucionar sus situación. En la misma dirección se pronunció el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, quien indicó que su despacho pedirá a la empresa minera Casapalca que cumpla los acuerdos pactados con sus trabajadores y también solicitará al Ministerio de Trabajo que tome una decisión pronto para resolver dicho conflicto. Sin embargo, mientras públicamente estos altos funcionarios del gobierno reconocían la justicia de los reclamos de los mineros, en privado ordenaban desbloquear la carretera a sangre y fuego. Los trabajadores por cierto nunca fueron recibidos en el ministerio. Es decir, cuando las injusticias y la superexplotación son tan evidentes, el gobierno no tiene más remedio que admitirlo públicamente, pero aún así, coloca todo el poder político del Estado de lado de la patronal explotadora, en contra de humildes trabajadores. Es lo que pasó también en el caso de los trabajadores contratados de Shougang Hierro Perú, cuando la ministra reconocía públicamente la injusticia de los services, pero a la hora de las decisiones políticas apoyaba a la transnacional china.

Estos crímenes no deben quedar impunes, tienen que merecer el más amplio y contundente rechazo de todo el movimiento de trabajadores mineros y de toda la clase trabajadora y el pueblo. Las razones que motivaron la huelga nacional de la Federación Minera no sólo están intactas, sin ninguna solución, sino que hoy se ven terriblemente agravadas. Primero fue la encarcelación de Ronnie Cueto y ahora son los crímenes contra los obreros de Casapalca. Y no son los únicos atropellos de parte de la patronal minera y del gobierno de las transnacionales.

Ya no están en juego solamente la aspiración a mejoras salariales o un régimen laboral más justo, sino además los más elementales derechos democráticos como son el derecho a la libertad de sindicalización y el derecho a la huelga. El gobierno aprista es el gobierno de las transnacionales, nada podemos esperar de él que no sea lo que manda la voluntad de las transnacionales.

Es imperioso organizar una contundente respuesta de los trabajadores y el pueblo por la sanción a los culpables y la destitución de las autoridades innvolucradas, así como por la liberación de los dirigentes detenidos o perseguidos y cese de hostilización judicial. La Federación Minera y la CGTP tienen la responsabilidad de impulsar, urgentemente, todas las coordinaciones que sean necesarias para concretar en el más breve plazo un acto de protesta. Las reuniones del Comando Nacional Unitario de Lucha, conformado para organizar la jornada nacional del 11 de julio, deben tomar este tema como un asunto prioritario y no debe esperarse a esa fecha para concretar la protesta. Asimismo, la Federación Minera debe someter a consideración de sus bases el reinicio de la huelga nacional, levantada con cargo a soluciones en el plazo de 60 días -ya van 40 sin ninguna solución- para respaldar las luchas de Casapalca, Shougang, Southern, Yanacocha y otras bases más.

¡¡Urgente: Respuesta obrera y popular para frenar ofensiva reaccionaria del gobierno aprista!!

Partido Socialista de los Trabajadores - Sección peruana de la LIT-CI

Julio 2007

Actualización

Dos centenares de trabajadores llegaron a Lima hace más de dos semanas en marcha de sacrificio, y pernoctan prácticamente a la interperie en esta época de friaje y humedad. La patronal sabotea las reuniones en el ministerio ante la pasiva actitud de las autoridades.

El número de muertos ascendió el viernes a 4 y los heridos a 20. Recién en ese momento el gobierno se dispuso a firmar un acta para permitir el levantamiento de los cadáveres, ordenar la investigación de los asesinatos, así como para retomar el lunes las conversaciones en el ministerio de Trabajo para la reposición de los despedidos, para lo cual se citará por séptima vez a la empresa Casapalca y a las empresas tercerizadoras. Otro tema a tratarse será el retiro de las denuncias penales entabladas por la patronal contra los trabajadores.

La proximidad del 11 de julio, fecha de la Jornada Nacional de Lucha aprobada por la Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP, es una oportunidad para golpear al gobierno y a la patronal con un Paro Nacional e iniciar un Plan Nacional de Lucha.

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