El Tribunal Especial para el Líbano (TEL) se
constituyó para investigar el asesinato de
Rafik Hariri, primer ministro Libanés, muerto
en un atentado con coche bomba en 2005. El
país vive pendiente de la sentencia de este
tribunal sui géneris, formado por la presión
de Francia y Estados Unidos con mandato
de la ONU, el primer caso de aplicación de la
ley internacional para juzgar un atentado y
no un crimen contra la Humanidad. La
investigación de la ONU inicialmente implicaba
a altos oficiales de seguridad de Líbano y
Siria, en la tesis que incluía a este último país
en el eje del mal, pero en los últimos meses
ha dado un giro para acusar a Hezbollah del
magnicidio. El tribunal, desacreditado por el
descubrimiento de falsos testigos comprados
y una serie de acusaciones infundadas,
se ha negado a investigar la implicación
israelí y –como ocurrió con la mentira de las
armas de destrucción masiva en Irak- prepara
una nueva excusa que serviría para
deslegitimar a la resistencia y desatar una
nueva guerra, esta vez entre las comunidades
libanesas.

Tras cinco años de investigaciones, en 2009, fueron
liberados los cuatro generales libaneses prosirios
acusados sin cargos y que pasaron este tiempo
entre rejas, cuando el tribunal dictaminó que no
había pruebas contra ellos. El tribunal ha acumulado
un cínico balance que lleva al extremo la parodia
de la supuesta justicia internacional: soborno de
testigos y hasta diez falsos testimonios, utilización
de grabaciones procedentes de las antenas piratas
israelíes instaladas en Líbano, una investigación totalmente
parcial (primero contra Siria y ahora contra
Hezbollah)… Con esta trayectoria no es extraño
que cinco miembros de la corte (dos procuradores,
dos secretarios y un portavoz) presentaran sucesivas
dimisiones.

Cuando se creó el TEL, todo apuntaba a la culpabilidad
de Siria: un desertor de los servicios secretos
de Damasco encabezaba una lista de testigos, que
acusaban directamente a los cuatro generales
libaneses pro-sirios, en un momento en que Damasco
parecía amenazar a Israel y cuando Siria estaba
en el punto de mira del imperialismo. Apenas mes y
medio después de la puesta en marcha del tribunal,
en marzo de 2009, la situación había cambiado: el
testigo «estrella» que acusaba a Siria, Mohamed
Zuhair Siddiq, fue detenido en los Emiratos Árabes
con un pasaporte falso, bajo la acusación de aportar
falso testimonio. En una conversación por teléfono
móvil con su hermano había confesado que cobró
cinco millones de dólares por declarar lo que le habían
indicado, en especial los nombres de los cuatro
generales libaneses presuntamente implicados en el asesinato y de atribuir al presidente
sirio Bashar el Asad, y a su aliado
libanés, Emile Lahud, la orden del
atentado. Inicialmente implicado
como participante en el magnicidio,
Siddiq había huido a Francia, donde
fue detenido en 2005 a petición de
un juez libanés que emitió una orden
internacional contra él. Las autoridades
francesas se negaron a
extraditarle y vivió a cuerpo de rey
en la localidad de Chatou, cerca de
París, como el hombre clave para
sustentar el intento de Chirac de
culpar a Siria de la muerte de Hariri.
El escándalo de Siddiq precedió al
de otros nueve falsos testigos. Curiosamente,
la pista de la única organización
que reivindicó el
atentado en Al Jazeera, nunca
fue investigada.
Antes de la detención, Damasco
se ganó el apoyo de
Europa tras restablecer relaciones
diplomáticas con Líbano
y mostrarse dispuesto
a negociar una paz con Israel,
mientras Estados Unidos,
asfixiado en Irak y
Afganistán, prefería sacarle
de la lista negra. Entonces
se destapó la nueva tesis:
acusar a Hezbollah (directa
o indirectamente) del atentado.

El pasado septiembre,
el propio Saad Hariri, hijo y sucesor
de Rafik, declaró en un diario
libanés que reconocía «los errores
que hemos cometido con Siria, que
han dañado al pueblo sirio y a las
relaciones entre ambos países, porque
en su momento acusamos a
Siria de asesinar al primer ministro
mártir: era un acusación política y
esta acusación política ha terminado
». Poco después, el dirigente de
Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró
que Saad Hariri le había adelantado
que el TEL acusaría a algunos
miembros «disidentes» de
Hezbollah del atentado.

La actuación del TEL está a punto
de llevar al país a un enfrentamiento
entre las dos principales facciones
políticas del Líbano: la formación
del 14 de Marzo, con Saad
Al-Hariri y Fouad Seniora, actual y
anterior primer ministro respectivamente,
y la formación del 8 de
Marzo, encabezada por Hezbollah
y el partido cristiano del General
Michael Aoun.

Israel ve el proceso como una
oportunidad perfecta para desacreditar
al Partido de Dios entre la comunidad
musulmana, acusando a
una organización chií del asesinato
de los líderes sunís más populares
de Oriente Medio, cosa que pondría
al borde del abismo la siempre
frágil convivencia en el Líbano.
El TEL no tiene ninguna credibilidad
puesto que en todas las hipótesis
sobre la autoría del atentado
nunca ha barajado la opción israelí.
Una opción muy plausible teniendo
en cuenta que Israel tiene una red
de espionaje muy avanzada en el
Líbano. Esta red ha salido a la luz
en los últimos meses, con la detención
de un general, dos coroneles,
tres altos directivos de una
empresa estratégica de comunicaciones
y varios altos cargos de distintos
partidos libaneses: hasta 25
detenidos acusados de espionaje a
favor de Israel. Contradictoriamente,
Líbano es el único país del que
el ejército israelí por dos veces ha
salido derrotado, 2000 y 2006, y el
único que ha conseguido la retirada
de las tropas israelíes sin negociaciones
ni tratado de paz.

Como explica el periodista René
Naba «El Tribunal Especial sobre
Líbano, instituido por un acuerdo firmado
entre Líbano y las Naciones
Unidas el 5 de junio de 2005, confiere
privilegios exorbitantes a la
comisión de investigación de la ONU
en tanto que ésta permite a dicha
comisión ejercer una tutela de hecho
sobre las autoridades libanesas,
habilitándola para investigar sobre
un hecho que no constituye un ‘crimen
internacional’ desde el punto
de vista jurídico. Pero el hecho de
privilegiar el caso del jefe del clan
saudí-estadounidense de Oriente
Medio en detrimento de otras eminentes
personalidades de la escena
internacional (Benazir Bhutto,
Pakistán 2007, Salvador Allende,
Chile 1983, Patrice Lumumba, Congo,
Kinshasa 1961), en detrimento
de decenas de personalidades
libanesas, en detrimento de miles
de víctimas civiles de la guerra
libanesa, en detrimento
de decenas de dirigentes
palestinos y de miles de civiles
palestinos asesinados
por los israelíes, induce a
pensar que la coalición occidental
pretende poner a la
defensiva a los principales
opositores al orden hegemónico
estadounidense en la
zona, a Irán por medio del
dossier nuclear, y a través
del juicio del caso Hariri a
Siria y Hezbollah, principal
escollo de la capitulación
encubierta dirigida por el presidente
palestino Mahmud Abbas».

Siete años después de la manipulación
de la opinión pública sobre
la existencia de armas de destrucción
masiva en Irak, la acusación
de Hezbollah en el asesinato de Rafik
Hariri se baraja como otro detonante
de la guerra. Si el tribunal sirvió
en su origen para aislar y presionar
al régimen sirio, obligándole a sacar
sus tropas del Líbano, actualmente
está al servicio de desacreditar a la
resistencia de Hezbollah, que goza
de una enorme popularidad en el
mundo árabe y musulmán, algo que
no gusta ni a Israel ni a Estados
Unidos. Con la perspectiva de la
retirada estadounidense de Irak y el
creciente pulso de Israel con Irán, la
mentira está servida.