La huelga general del 24 de noviembre paralizó Portugal, con una adhesión superior al 80%.Paralización
de Autoeuropa -el mayor parque industrial portugués con 3.600 trabajadores-, de los puertos, del
85% del transporte de pasajeros, el 100% del metro de Lisboa y los aeropuertos, transportes fluviales
de Soflusa y Transtejo, recogida de basuras, de los más importantes centros de salud (Universidad de
Coimbra, Garcia de la Horta en Almada, Santa María en Lisboa,…), correos (CTT) con piquetes –duramente
reprimidos- para evitar la distribución por empresas privadas, profesorado y trabajadores públicos.

Era la primera huelga general desde 2007 y la segunda convocada por ambas centrales sindicales
(CGTP y UGT). El motivo es que con una tasa de paro del 10,9%, y sólo en este año, se han aplicado
tres planes de austeridad (PECs: Programa de Estabilidad y Crecimiento) el último de los cuales es el
Presupuesto de Estado para 2011, a semejanza de los de Grecia, Irlanda o España. El gobierno justifica
sus PECs por la necesidad de bajar el déficit público del 9,3% del PIB en 2009 a 7,3% este año y 4,6%
en el 2011, conforme a la imposición de la UE. Sin embargo, tales planes no impedirán la llegada del FMI
pues las tasas de interés de la deuda portuguesa (que alcanza el 30% del PIB con un valor de 50.000
millones de euros) están disparados, acercándose a la barrera del 7%.

Con la huelga general, los trabajadores mostraron que no creían que los recortes salariales, el
congelamiento de las pensiones, el retiro del
bono de familia y del apoyo escolar, el aumento
del IVA y del IRS, el aumento del precio de los
transportes y medicamentos, la privatización de
empresas públicas, la desinversión en la salud y
en la educación, entre otras medidas incluidas
en el Presupuesto de Estado para el 2011, fueran
inevitables.

Pero con un día no alcanza, y es preciso un plan
de lucha contra las medidas del gobierno
Sócrates, así como enfrentar al plan europeo de
la burguesía a ese mismo nivel, empezando a
organizar una huelga general europea.
Transcribimos a continuación el análisis de Rubra
sobre la situación portuguesa.

Deuda pública, negocios privados

Cuando con la crisis que
comenzó en 2008 (suspensión
de pagos de bancos, crédito
casi parado, etc.), los gobiernos
burgueses como el de
Sócrates, se volcaron en
brazos del crédito privado,
sólo veían una salida: disminuir
los presupuestos públicos
destinados a servicios sociales
como salud, educación, etc., y
aumentar impuestos indirectos,
los que más inciden en el
bolsillo de los trabajadores.

Cuando preguntamos sobre cómo
se pagarían los planes económicos
para salvar la economía en el inicio
de la crisis, el economista José
Martins decía al Rubra nº 7 (Invierno
2009-2010): «Sólo hay una salida,
que es disminuir los presupuestos
públicos destinados a los servicios
sociales como salud, educación,
etc., o sea, hacer una política
de reducción de gastos sociales e
intentar aumentar los impuestos indirectos,
los que más inciden en el
bolsillo de los trabajadores. La tendencia
ahora es hacia que los Estados
apliquen cada vez más ‘el comunismo
de los capitalistas’». (…)

¿Qué respuestas burguesas
hay para la crisis?

Más allá del desempleo, tradicionalmente,
la burguesía aconseja en
los periodos de crisis la utilización de
algunas herramientas anticíclicas,
como la bajada de la tasa de interés
de los títulos de la deuda pública
o, incluso, según la dimensión de la
crisis, inversiones públicas o gastos
públicos, que es la típica herramienta
aconsejada por los economistas
keynesianos. Los gobiernos aún
pueden echar mano de otras herramientas:
préstamos, garantías,
compraventas de títulos tóxicos, nacionalizaciones
para recuperar pérdidas
y con el objetivo de privatizar,
etc. Sólo que todo esto tiene un precio.
Fueron transferidos ríos de dinero
para salvar bancos en todo el Mundo.
Algunos de los mayores conglomerados
productivos del mundo –
Chrysler, General Motors– entraron
en bancarrota, cuestionando las tesis
de aquellos que decían que era
sólo una crisis financiera. En Portugal,
4500 millones de euros fueron
enterrados en el BPN y, además de
la bajada de la recaptación fiscal y
de las garantías dadas a las empresas,
parte del déficit de 2009 (9,4%)
aún queda por explicar.

¿Cómo pagar ahora esta
factura?

Para encontrar este dinero, los
Estados recurren a la emisión de títulos
de deuda pública. (…) Un ejemplo
claro de este papel del Estado:
en este momento el Banco Central Europeo presta dinero a la banca
privada a una tasa de interés del
1% (préstamo garantizado por los
estados europeos), pero esa banca
por su parte, presta al estado
portugués a una tasa de interés ya
próxima al 7%. La deuda pública es
una correa de transmisión de recursos
públicos para el sector privado.

En este ejemplo que damos, el proceso
es ¡absolutamente descarado!
En resumen, en los primeres momentos
de la crisis mundial, los estados
promovieron un verdadero
festín para salvar a sus respectivas
burguesías. Apenas la economía
mundial dio señales de recuperación,
la cuenta comenzó a ser pasada
a los trabajadores.

El Partido Comunista Portugués
(PCP) y los Presupuestos del Estado
para 2011 -con los recortes salariales,
la congelación de la progresión
en las carreras, de las contrataciones,
cortes en el abono de familia,
aumento de impuestos indirectos
como el IVA- son la cuenta
de la deuda que pasan a los trabajadores.

¿Qué son las agencias de
rating?

En consonancia con el BE (Bloco
de Esquerda) y el PCP, la política
económica del Gobierno es rehén
de la voracidad especulativa de las
agencias de rating de la deuda pública.
Estas agencias fijan el grado
de fiabilidad de la economía de un
determinado país y, consecuentemente,
indican a las burguesías internacionales
cuánto sería razonable
esperar de intereses por los préstamos
hechos por estas burguesías
a los Estados.

Por ejemplo, banqueros alemanes
y franceses adquieren títulos portugueses
y norteamericanos. Las
agencias de rating, según la economía
real de cada país, indican a
estos banqueros que es poco
arriesgado prestar dinero al Gobierno
de los EUA, porque su economía
productiva es robusta, y es muy
arriesgado prestarlo a Portugal, a
Irlanda o a Grecia porque la economía
real, la productiva, no asegura
que el Estado pueda pagar sus deudas.

Por lo tanto, no tiene sentido
que la izquierda parlamentaria acuse
a las agencias de rating. Estas
están obviamente constituidas por
gente sin escrúpulos, pero que hace
bien su trabajo, o sea, dar indicaciones
precisas a los capitalistas
mundiales para que adquieran sus
títulos de deuda según si sus préstamos
van a ser pagados o no. Por
eso es por lo que en este momento
miles de estos capitalistas prefieren
prestar dinero a los EUA a un
tipo de interés de apenas el 1% que
a Portugal con más del 6%. Este
es ahora el precio a pagar por la
destrucción de la producción desde
la adhesión a la UE y por la
privatización de las grandes empresas
y bancos nacionales.

Toda la política del Gobierno en
este momento es dar garantías de
que van a continuar pagando los
intereses que exigen estos capitalistas.
Por eso resulta tan escandaloso
que el BE haya votado a favor de
un préstamo de la UE y del FMI a
Grecia, cuyo único objetivo, como
ahora el del Gobierno Sócrates, es
garantizar que los trabajadores griegos
continuarán pagando los intereses
de los capitalistas alemanes
y franceses, en este caso los mayores
titulares de la deuda pública
griega. (…)

¡Una respuesta
revolucionaria!

Una primera medida que debe
estar presente en cualquier respuesta
socialista es la suspensión
del pago de la deuda. Ese es precisamente
el camino que ha apuntado
el movimiento social en Grecia.
Esta medida no puede ser condicionada
por la amenaza de perder
la financiación externa. La única
garantía de hecho que nos da
esa financiación, es la de seguir
siendo saqueados. Por otra parte,
una medida como ésta abriría una
herida en la Europa del capital que,
además de suscitar el apoyo de la
clase trabajadora, podría encender
la mecha de otra oleada de luchas.

Naturalmente,
no esperamos
que los
partidos del
s i s t e m a
implementen
esta medida,
pero es urgente
convencer
a los
trabajadores
de que cualquier
salida
que no pase
por ahí significa
una rueda
de dilapidación
de sus
condiciones de vida. En segundo
lugar, el Estado debe nacionalizar
el sistema financiero y de crédito,
así como sectores estratégicos de
la economía. Eso también significa
que debemos renunciar al Pacto de
Estabilidad y Crecimiento que dio
cobertura a la alimentación de los
parásitos pues, a la vez que impone,
por ejemplo, un límite del déficit
del 3%, impidiendo en la práctica
la inversión estatal, absorbe ésta a
través de las colaboraciones público-
privadas, en las que el capital
privado se queda con los beneficios
y el estado con los perjuicios. En
esta discusión siempre se agita el
fantasma del aislamiento.

La cuestión es que debemos luchar
contra el aislamiento, pero no
del capital sino de clase trabajadora.
Podemos y debemos iniciar un
movimiento que muestre el único
camino a seguir contra el robo a
los trabajadores.

Los datos económicos que nos
llegan en este momento de la
OCDE, con sus indicadores compuestos,
indican que no está superada
la posibilidad de un «doble
buceo», o sea, un proceso semejante
al del inicio de los años 80, en
el que la crisis retornó pasados dos
años. Por nuestra parte, no somos
coro de quienes agitan el fantasma
de la crisis. Pensamos que ésta es
una oportunidad para la clase trabajadora
para poner en jaque el
dominio del capital. Lo que hace
falta es una dirección que muestre
tanta convicción en la defensa de
los trabajadores como el gobierno
muestra en la defensa de los patrones.

Renato Guedes

Noviembre 2010