La revuelta del 30 de septiembre en Ecuador,
por parte de un sector de la policía
contra la Ley del Servicio Público (LOSEP),
con el «internamiento» del Presidente
Rafael Correa en una habitación del Hospital
de la Policía entre furiosas protestas
reprimidas con bombas lacrimógenas, tuvo
repercusiones en la izquierda política. Una
mayoría importante de los partidos y
corrientes de izquierda interpretó la sublevación
de los policías como una intentona
de golpe de estado contra el gobierno de
Correa y rápidamente se colocó al lado del
«presidente democráticamente elegido» y
del gobierno ecuatoriano. También lo
hicieron los países de América Latina, con
Venezuela y Cuba a la cabeza, así como la
Unión Europea y los EE.UU. Sin embargo,
varias organizaciones sostuvieron, dentro
y fuera de Ecuador, que lo sucedido no era
una planificada intentona de golpe de
estado, sino que el Presidente pretendió
mostrar la protesta de los policías como
un golpe organizado por «la oligarquía y el
imperialismo» contra él, con el fin de
fortalecer su régimen de represión contra
las masas.

Estas dos posiciones diametralmente
opuestas colocan a sus partidarios
en diferentes lados de la barricada.
Nosotros, los marxistas revolucionarios,
somos los primeros en
oponernos a cualquier golpe de estado
contrarrevolucionario policíacomilitar
y en llamar a las masas a la
movilización contra sus impulsores.
Pero, al analizar la situación ecuatoriana,
surgen las dudas sobre si realmente
hubo un intento de golpe de
estado por parte de la misma policía
que Correa viene utilizando para reprimir
a las masas que resisten sus
políticas de entregar los recursos del
país a la explotación de la oligarquía
y el imperialismo, con los que viene
profundizando su colaboración en los
últimos años.

Pronto se supo que la sublevación
de los policías, contrariamente a lo
que sostenía Correa, no era de ninguna
manera «planificada». Las clásicas
prioridades de cualquier golpe
de estado, como la toma de los centros
neurálgicos del país (el parlamento,
los edificios del Gobierno, los centros
de telecomunicaciones, etc.), la
detención de los responsables del
Gobierno y los líderes de los posibles
grupos opositores al golpe, la ocupación
de los centros de las principales
ciudades y los cortes de las
carreteras para aislarlas entre sí y
de las poblaciones del campo, la
disolución del Gobierno y la formación
de una junta militar o un gobierno
«civil» bajo las órdenes de las
fuerzas armadas, no se produjeron
el 30 de septiembre en Ecuador.
Cuando Correa se retiró con sus
guardaespaldas a la habitación del
hospital, los sublevados no sabían
qué hacer con él, menos aún asesinarle.
Ni siquiera le impidieron hablar
libremente por teléfono con
todo el mundo.

Los sublevados eran el personal
de la misma organización policíaca
que Correa utilizaba permanentemente
para reprimir las
movilizaciones de las masas, que
ahora se rebelaban por demandas
corporativistas contra las cláusulas
de una ley que solamente les molesta
(la retirada de derechos de
bonificaciones y condecoraciones),
pero que habían reprimido a los trabajadores
públicos que se manifestaban
contra la misma ley, tampoco
es posible caracterizar su protesta
como una «insurrección popular». Fue simplemente una acción
de protesta
contrarrevolucionaria. Los rebeldes
no sólo no encontraron ningún apoyo
de otros gobiernos latinoamericanos
o de centros imperialistas;
tampoco tuvieron el amparo de las
cúpulas militar y policíaca. Y cuando
los jefes de estas dos organizaciones
armadas declararon su apoyo
al «presidente legítimo y al gobierno
elegido», los revoltosos quedaron
totalmente desorientados y
se rindieron tras una exagerada e
innecesaria operación armada y
sangrienta del ejército.

A pesar de que Correa caracterizara
insistentemente la incidencia
como una intentona de golpe de
estado y llamara al pueblo ecuatoriano
a la movilización contra el supuesto
golpe, el hecho de que en
Quito sólo unos centenares de sus
partidarios salieran a la calle (una
diferencia abismal con las decenas
de miles en Caracas en 2002 para
apoyar a Chávez), y que las organizaciones
políticas y populares, junto
a los sindicatos, se mostraran reticentes
a correr en auxilio del Presidente,
demostraba que las masas
se sentían ya bastante alejadas del
mismo presidente al que llevaron dos
veces al poder en los últimos cinco
años. De hecho, la política de Correa
de ofrecer las riquezas del país
a la explotación de la oligarquía y de
las multinacionales imperialistas está
provocando creciente malestar y
protestas entre las masas obreras,
populares e indígenas.

La Ley de Minería del 2009 y la
Ley de Hidrocarburos que decretó
el ministerio sin presentarla a discusión
alguna en la Asamblea Nacional,
someten los recursos minerales,
petrolíferos y de gas natural al
expolio de las multinacionales y destrozan
el tejido ecológico y social de
las zonas de los yacimientos. Y las
protestas populares e indígenas contra
esas leyes, especialmente las de
Quito y Dayuma fueron reprimidas
por el régimen con un fuerte despliegue
policíaco y militar. A su vez,
el Gobierno fue obligado a archivar
una similar Ley del Agua ante una
fuerte movilización. El gobierno de
Correa extendió su ofensiva
privatizadora neoliberal hasta las universidades,
y también, con el Código
Territorial, proporcionó poderes a
los ayuntamientos para subir los impuestos
y privatizar el sistema de
salud y educación.
Así pues, la principal ofensiva contra
las masas en Ecuador proviene
del régimen de Correa, que fortalece
cada día más su colaboración
con la oligarquía y con el imperialismo.

La tarea principal que les espera
una vez más a las masas trabajadoras,
populares e indígenas es,
como en otros países de América
Latina, luchar contra las leyes
neoliberales del régimen que brinda
las riquezas naturales del pueblo
ecuatoriano a las multinacionales;
contra las medidas de represión sobre
las masas; por la nacionalización
de los recursos económicos;
por no pagar la deuda externa; por
la expulsión del país de las empresas
imperialistas; por la construcción
de un gobierno obrero y popular. Hoy
en Ecuador, y en todo el mundo, el
eje que separa a la izquierda revolucionaria
del populismo derechista y
de la izquierda liberal, está marcado
por esta línea divisoria.