Tras un año de pandemia se ha evidenciado que los sectores populares somos los que sufrimos las consecuencias de una crisis sanitaria y económica que los gobiernos son incapaces de gestionar. En el estado español hemos visto como el gobierno “más progresista de la historia” ha antepuesto sistemáticamente los intereses del capital a la salud y los derechos de la clase trabajadora: continúan los despidos, se precarizan los servicios públicos y se vulneran derechos fundamentales como el acceso a la vivienda o a los suministros básicos en pro de beneficios millonarios de multinacionales, eléctricas y fondos especulativos.

Las luchas, aunque fraccionadas, continúan, y el movimiento por la vivienda está más vivo que nunca. Son los sindicatos de vivienda y las vecinas organizadas quienes han estado en las calles parando desahucios en un contexto en el que echar a la gente de sus casas no solo vulnera el derecho a vivienda, sino que también pone en riesgo su salud. Las esperanzas -si las había- de que Unidas Podemos cumpliera una de sus principales promesas electorales se desvanecen cuando, a más de un año de entrada al gobierno, todavía no se ha avanzado en una ley que anteponga el derecho a vivienda al “derecho” de un gran tenedor a sacar beneficio de sus propiedades. Esta ley no llegará nunca de la mano de UP; no porque sean minoría en el gobierno (como se excusa Pablo Iglesias) sino porque entender la vivienda como una mercancía de la que extraer beneficio no es compatible con el hecho de que la vivienda digna sea una realidad asequible para todas.

El único movimiento que se ha hecho en materia de vivienda desde las instituciones del estado ha sido la aprobación en diciembre -y sólo mientras dure el estado de alarma- de la “ley antidesahucios”. Este decreto ley no paraliza todos los desahucios, solo una parte de ellos: si el propietario tiene menos de 10 pisos (no es un gran tenedor) el desahucio podría seguir adelante. Si se dan las condiciones y se certifica el estado de vulnerabilidad de la inquilina, el desahucio se paraliza hasta que se encuentre una alternativa habitacional, cosa que queda en manos de la administración pública. Con unos servicios sociales colapsados y un parque estatal de viviendas de alquiler social del 1,5% es imposible realojar a todas las personas y familias vulnerables en lo que dura el estado de alarma. En el caso de no encontrar alternativa habitacional a tiempo, el estado pagará con fondos públicos el dinero correspondiente al alquiler (a precio de mercado) de todo el tiempo que el proceso de desahucio esté paralizado. A pesar de que esto supondrá más ganancias para los grandes tenedores, la derecha -alineada a la patronal inmobiliaria- ha definido el decreto como un “llamamiento a la okupación”, continuando así la campaña mediática de criminalización al okupa y a la organización popular.

Los sindicatos y grupos de vivienda sabemos que este decreto no es más que un rescate inmobiliario encubierto, que puede aliviar momentáneamente la situación de muchas personas pero en ningún caso supone un avance en lo que a derecho a vivienda se refiere. Mientras no se paralicen el 100% de los desahucios, mientras no se construya un amplio parque de vivienda social con titularidad pública, y mientras el precio de la vivienda obedezca a las ganancias de los especuladores y no a las necesidades de la clase trabajadora, debemos seguir luchando.
No vamos a permitir que decenas de miles de familias se queden sin casa cuando hay más de tres millones de pisos vacíos en el estado español: contra la violencia de un sistema que nos priva de lo que es nuestro por derecho, estaremos organizadas.

Expropiación sin compensación económica de grandes propietarios, fondos buitre y bancos.
¡No más desahucios! ¡Basta de represión contra la organización popular!

Frente el PP y el TC, ¡Defendamos la 24!

En febrero de 2020 el Partido Popular llevó ante el Tribunal Constitucional el decreto ley 17/ 2019, ampliación de la ley catalana 24/2015 (ley impulsada por la PAH y los sindicatos de vivienda). Esta ley y su ampliación limitan los desahucios sin alternativa habitacional para las personas y familias más vulnerables que vivan -con o sin contrato de alquiler- en una vivienda de un gran tenedor (bajo riesgo de sanción para la propiedad). Aunque sabemos que es insuficiente, esta ley nos da herramientas para paralizar durante unos meses un importante porcentaje de desahucios, permitiéndonos a los grupos de vivienda ganar tiempo para encontrar una alternativa habitacional en el caso de que la justicia fallase a favor de la propiedad. A finales de enero el TC hace pública la sentencia, en la cual tumba por completo la 17/2019 por un defecto de forma, alegando que es inconstitucional que un decreto ley imponga “deberes concretos a los propietarios” con medidas “coactivas”.

Esto no solo pone en riesgo de desahucio a 3.500 personas que actualmente están amparadas bajo este decreto ley, sino que abre la puerta al retroceso en todas las conquistas que hemos conseguido en tantos años de organización vecinal. Por eso, ante los ataques de la derecha y el sector inmobiliario, ni un paso atrás: ¡defenderemos la 24 y seguiremos luchando por una vivienda digna!

Cristina Darriba