La política del gobierno PSOE-Unidas Podemos continúa -decreto a decreto- la misma línea de responder a los intereses de la patronal a costa de la clase obrera. Ha sido gravísimo poner en marcha la producción no esencial cuando la misma CEOE, CCOO y UGT decían que no eran aplicables las medidas de seguridad en la gran mayoría de empresas. Ahora toca al sector agrario.

El decreto 13/2020 establece un permiso de trabajo por dos meses, hasta el 30 de junio, para cubrir las necesidades de mano de obra en las campañas agrarias. Especialmente está destinado a los jóvenes migrantes entre 18 y 21 años (muchos de ellos /as llegaron como menores no acompañados) que tengan permiso de residencia (aunque esté a punto de expirar), pero no les da permiso de trabajo pasados estos dos meses. Tampoco permite que puedan trabajar los que no tienen papeles. O sea que se aprovechan ahora que los necesitan, a pesar del peligro que puede representar de contagio, pero luego los vuelven a dejar sin opción de ganarse la vida.

Contra este decreto se han pronunciado numerosas asociaciones de solidaridad con los y las migrantes. ¿Cómo debe vivir un migrante sin papeles con el confinamiento? ¿Cómo están viviendo los jóvenes ex tutelados que realizaron el "Encierro por derechos" en la Universidad de Girona bajo el lema "Pan, techo, papeles, trabajo. Ni un joven más en la calle "? ¿Cómo con los abusos policiales y, en algún caso con detenciones racistas, bajo el pretexto de la crisis del Covidien-19? En Catalunya hay más de 4.000 jóvenes migrados sin referentes.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) denunciaba las condiciones miserables de vida y trabajo en la recogida de la fresa en Huelva (1). Detener esta situación, dignificar el trabajo, debería ser una prioridad de un gobierno de izquierdas. Pero la preocupación del Gobierno siempre está del lado del propietario que necesita mano de obra, y se niega el problema de raíz. Como siempre, y ahora más con la pandemia, es urgente que se documente a todos los trabajadores y trabajadoras sin papeles del Estado, para impedir abusos, sobreexplotación y también que la precariedad se traduzca en nuevos focos de infección. Con la Coordinadora Obrim Fronteres exigimos la regularización ya de todas las personas migradas. Y no olvidemos que hay que abolir la ley de extranjería.

Más y más represión

La represión continúa en cifras récord, con más de 600.000 propuestas de sanción, con más de 5.000 detenciones. Después del control geolocalizador ahora es Renfe quien obliga a dar el móvil para comprar un billete. En este ambiente de control sobre la población no es extraño que el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago explicara los esfuerzos de los agentes para identificar y "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno", y luego lo ratificara firmado en instrucciones posteriores: advertir y acallar la disidencia.

"La casta tiene miedo" a ello responde la Ley Mordaza -denunciaba Pablo Iglesias durante su tramitación-. ¡Por supuesto! y por eso su gobierno la está aplicando como no se atrevió el PP. Y motivos sobrados tienen el gobierno, la gran burguesía y el régimen para estar atemorizados. Hemos visto muchos muertos que se podían evitar después de años de recortes y privatizaciones mientras se rescataba la banca, hemos visto muchos abuelos y abuelas abandonados en residencias o con pensiones de miseria.

Y mientras, empeoran las condiciones de la población que vive al día, entre otros los dos millones de trabajadores y trabajadoras del sector informal. El 17 de abril, una manifestación en Cádiz de madres ante el Ayuntamiento que preside Kichi de Por Cádiz sí se puede, denunciaba que sus hijos e hijas pasan hambre. Esta situación en el sur de Italia ya llevó a familias a que se organizaran para llevarse productos básicos de supermercados. Pero la renta mínima que permita evitar estas situaciones más extremas aún tendrá que esperar, según declara el ministro de seguridad social, hasta mayo. Y el gobierno sigue permitiendo la escalada de precios de los productos alimenticios, farmacéuticos y de los servicios funerarios.

La "casta" empieza las negociaciones para hacer un pacto por la reconstrucción o unos nuevos pactos de la Moncloa. Después de los primeros contactos, el presidente Sánchez ha tenido que aclarar que se trataba sólo de un acuerdo en términos sanitarios, económicos y sociales, ante el cuestionamiento de cualquier implicación sobre el régimen por parte de varias formaciones. En todo caso, este acuerdo de unidad nacional que buscan viene acorazado con la militarización del estado de alarma. Ellos quieren estabilizar el régimen y el capitalismo en crisis. Por eso es más urgente que nunca conformar un frente de la izquierda, de los y las trabajadoras y de los pueblos, por la ruptura con la monarquía y en defensa de los derechos de autodeterminación de los pueblos, en ruptura con el capitalismo por un plan de emergencia de la clase obrera y los sectores populares.

Generalidad de Catalunya: Presupuestos de vergüenza, aún más con la pandemia

La mesa del Parlamento de Catalunya ha fijado pleno para este viernes 24 para aprobar los presupuestos de la Generalitat para el 2020. Las cuentas pactadas entre el Gobierno de JXC y ERC y los Comuns, enquistan los recortes en los sectores públicos y aumentan las privatizaciones, siguiendo la tónica de los anteriores. La vergüenza se completa con la guinda de unos Comuns que, para mantener los ministerios en Madrid, hacen de la debilidad virtud y si hace falta mienten, como cuando dicen que se han prohibido los despidos o el tuit de Jèssica Albiach que afirma: "En esta crisis se están forjando consensos que deberán terminar en grandes acuerdos de país: blindaje de los servicios públicos, + justicia fiscal y una revolución verde de la economía ". Es grotesco afirmarlo cuando están a punto de aprobar unos presupuestos que profundizan la externalización de los servicios públicos. Esto, es especialmente doloroso en servicios sociales, tanto más después de las trágicas situaciones vividas en las residencias de ancianos en esta pandemia.

Tampoco los presupuestos ayudarán a mejorar la Sanidad, donde se mantiene una privatización del 25%, y para la que se presupuesta un gasto de 9.659.000 euros, que no recupera el nivel de 2010 en cifras absolutas. Y menos el gasto per cápita, porque somos 200.000 personas más: así hemos pasado de 1.332 a 1.279 euros por habitante.

Tampoco en la enseñanza se recuperan los recortes y una plataforma unitaria de todos los sindicatos del sector, así como la FAPAC, rechazan los presupuestos. Aparte del dinero para los Jardines de Infancia, más de la mitad del dinero es para "enjuagar déficit" y no se reducen ratios. Se mantiene sólo el 2% del PIB en lugar del 6% que marca la LEC.

El Gobierno de la Generalitat quería completar la política privatizadora con la Ley Aragonés, que abría la puerta a más servicios públicos, y fue gracias a la lucha de la Plataforma unitaria que se pudo detener la ley.

ERC-JXC-Comuns ponen por delante de la vida el pago de la deuda. Una partida que no deja de crecer y que con 10.000 millones ya es el primer gasto del presupuesto y se lleva el 25%.

Y ahora, después de la crisis del coronavirus, cuando se ha puesto en evidencia a ojos de toda la población que tanto los recortes como las privatizaciones matan, aún es más escandalosa la insistencia de Aragonés con todo el Gobierno, y Comuns, de un marco que las refuerza. Si ya era injustificable que Comuns lo hiciera antes, como resultado del cambio de cromos entre Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Presupuestos del estado, ahora con la pandemia el compromiso de Comuns con la política del gobierno es vergonzosa. Más teniendo en cuenta que la lucha contra el virus no ha terminado: ¿qué se está ofreciendo a todo el personal sanitario que ya se manifestó en contra de los presupuestos, y que ahora se está dejando la piel? ¿¿Ni financiación para ampliación de plantillas, ni estabilidad ???

Aprobar el presupuesto ahora en medio del confinamiento limita al extremo las posibilidades de los sectores que los rechazamos. El estado de alarma no ha prohibido ni el derecho a reunión ni manifestación. Por el contrario, como criterios para poner en marcha el retorno de los sectores no esenciales en el trabajo, se han establecido medidas como la mascarilla (y no para todos los trabajos) y la distancia. Cada día cerca de un millón de trabajadoras y trabajadores salen a la calle para ir al trabajo. Nosotros nos hemos opuesto al regreso al trabajo porque tan patronal como sindicatos reconocían que las empresas no estaban en condiciones de asegurar las medidas de seguridad.

Entonces, siguiendo la normativa que usan los políticos, cuando van al Parlamento, y del resto de trabajadores/as que deben seguir haciendo su trabajo, creemos que hay que empezar a salir a la calle -con las precauciones necesarias- para exigir soluciones reales a la pandemia, defensa de la sanidad y el resto de servicios públicos, detener los despidos, y decir no a estos presupuestos de la vergüenza. Así lo hemos hecho y pedido autorización para convocatoria contra los presupuestos este viernes.

21 de abril de 2020

Lucha Internacionalista

Notas:

1. Ver Entrevista: "El SAT denuncia las condiciones de los jornaleros en plena pandemia del covid-19"