El pasado 28 de junio, el gobierno PSOE-Unidas/Podemos firmó un primer acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME. CCOO y UGT justificaron este pacto social afirmando literalmente que aseguraba el futuro del sistema público de pensiones.
Nosotros queremos destacar el contexto político en el que se firmó, las reacciones que provocó en el movimiento pensionista y qué representa realmente para el futuro de las pensiones públicas.

El contexto político del acuerdo

En primer lugar, hay que situar el acuerdo en un momento político concreto. El gobierno de Pedro Sánchez acababa de conceder los indultos a los presos independentistas catalanes en contra de la opinión del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, de la mayor parte de la prensa española, en particular la madrileña y de la triple derecha. Ante este ambiente político hostil, Sánchez recibió no solo el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria (190 diputados) sino también el de la patronal (catalana y española), de los obispos, (lo que significaba el acuerdo del Vaticano) y a nivel internacional el de la Comisión Europea y de las Naciones Unidas.

También era el momento en que se rehacían públicamente los puentes entre el Estado español (gobierno central y la Corona) y la Generalitat de Catalunya con el reencuentro de Sánchez y Aragonés en Fomento del Trabajo (patronal catalana) en el homenaje al Conde de Godo y la foto del presidente Aragonés con el Rey (cenar incluido) en el Mobile.

Solo faltaba el apoyo de los sindicatos y ¡¿qué mejor manera que hacerlo que en forma de Pacto Social, con la patronal y el gobierno, sobre el tema de las pensiones?!

El acuerdo sobre pensiones

El acuerdo ha sido analizado de forma detallada en diferentes comunicados del movimiento pensionista, en particular de la COESPE. Nosotros solo queremos destacar algunos aspectos.

• Derogación de los puntos más polémicos de la reforma de Rajoy

El acuerdo suprime dos de los puntos más polémicos de la reforma de 2013 (PP): el aumento anual de las pensiones del 0,25% y el Factor de Sostenibilidad.

Revaloriza las pensiones según la media de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos en diciembre del año anterior. También deroga el Factor de Sostenibilidad, pero lo sustituirá por otro mecanismo de Equidad Intergeneracional que tendrá la misma función.

• Incorporación a los PGE de 21.000 M€ para la Seguridad Social

El gobierno se compromete a incluir en los Presupuestos Generales del Estado una partida equivalente a 21.000 M€ destinada a la Seguridad Social, que iría a pagar los «gastos impropios» que esta asume. Ahora bien, no se menciona el retorno del dinero que la S.S. ha pagado durante años y que CCOO calculaba en más de 500.000 M€ ya hace unos años.

• Jubilación anticipada y demorada

Se penaliza la prejubilación antes de los dos años de la edad legal de la jubilación -que CCOO y UGT pactaron en 2011 con Rodríguez Zapatero que llegara a los 67 años-. La reducción de la pensión puede ser del 21% si uno se prejubila dos años antes de la edad legal. Esta penalización también afecta a las jubilaciones forzosas involuntarias y pueden reducir hasta un 30% de la pensión. Las personas paradas podrán jubilarse, con determinadas condiciones, cuatro años antes de los 67 años. Se incentiva retrasar la edad de jubilación y compatibilizar una pensión y un salario después de la edad legal de jubilación.

• Creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social

¿Si ya existe el Instituto Nacional de la Seguridad Social por qué crear una Agencia Estatal de la Seguridad Social? Solo hay que dotar el organismo existente de los recursos humanos y técnicos adecuados para asegurar la atención presencial. ¿Cuáles son los motivos reales para crear esta agencia?

• Otros puntos del acuerdo

Hay otros puntos que son de cajón, como el reconocimiento de la viudedad de las parejas de hecho, la cotización de becarios y los convenios especiales de cuidadoras SAD, aspectos todos ellos que tendrían que estar resueltos desde hace tiempos.

• Un punto poco destacado: la reducción de la contribución empresarial a la S.S.

La patronal podrá reducir su contribución empresarial a la S.S. en dos circunstancias: un 75% por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores/as que hayan cumplido 62 años y el 100% por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, cuando el trabajador cumpla los 67 años. ¡Cuando por fin, alguien se beneficia de la reforma, se esconde el hecho!

Las reacciones en el acuerdo

Ya hemos mencionado las de CCOO y UGT. Su propaganda no tiene nada que ver con la realidad. Es una reacción esperada.

Más preocupante es la de la COESPE. El primer comunicado de fecha 7 de julio llevaba como título «Uno pacto social de mínimos que no resuelve las amenazas a las pensiones». Un título que lleva a confusión por muchos motivos: si es un pacto social, solo puede ser a favor del gobierno y la patronal y no a favor de los pensionistas; un pacto de mínimos podría ser aceptable en determinadas circunstancias, pero no es un acuerdo de mínimos: no responde a ninguna de las necesidades mínimas de los y de las pensionistas. Felizmente, los siguientes documentos publicados fueron más críticos.

La VII Asamblea de la Marea Pensionista de Catalunya (MPC), sin esperar tantos días, el día 29 de junio aprobó una resolución denunciando sin tapujos y de forma contundente el acuerdo.

Conclusiones

Este acuerdo tiene el objetivo, además de apoyar al gobierno, de desmovilizar el movimiento pensionista dando la impresión que ha concedido sus reivindicaciones (IPC, Factor de Sostenibilidad).

Pero el sentido real de este primer acuerdo es la expresión del ministro Escrivá de que los pensionistas de la generación del baby boom tendrán una disyuntiva: «un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado o alternativamente podrían trabajar algo más». El acuerdo con los sindicatos asegura la desmovilización.

Los trabajadores que, ante esta disyuntiva, y sin perspectiva de movilización, es probable que prefieran jubilarse antes con una menor pensión que intentar llegar a los 67 años o continuar trabajando, ya sea por razones de salud, por el tipo de trabajo o por la situación de paro.

Ahora, habrá que ver qué medidas vendrán con el segundo bloque de negociación porque se tratará de los Planes de Pensiones de Empresa. Los fondos que se desvíen se detraerán de las cotizaciones sociales y esto pondrá en peligro el sistema de reparto en el que se basa el sistema público de pensiones. También habrá que estar atento a la definición del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que tiene que sustituir al Factor de Sostenibilidad.

El Pacto de Toledo seguirá siendo el nudo gordiano que hay que cortar para avanzar en las reivindicaciones del movimiento pensionista y no tenemos que olvidar es parte explícita del acuerdo de gobierno PSOE-Unidas/Podemos

Por lo tanto, tendremos que seguir luchando por:

• El aumento de las pensiones mínimas que afectan en gran parte a mujeres.

• La reducción de la brecha de género.

• El retorno del dinero que el Estado debe a la Seguridad Social.

• La mejora de las condiciones laborales y salariales (incluido el aumento del SMI)

Más que nunca, hará falta la unidad de la clase trabajadora y del movimiento pensionista para parar la próxima ofensiva patronal del gobierno PSOE-Unidas/Podamos.

Más que nunca, habrá que dejar de lado todas las ambigüedades y no hacer diferencias entre los ministros «buenos» (los de Unidas/Podemos) y los «malos» (Calviño y Escrivá)

21 de agosto de 2021

Pensionistas de Lucha internacionalista