A inicios de marzo, mientras el gobernante de facto Ariel Henry se encontraba en Kenia negociando un acuerdo para el envío de tropas a una misión de ocupación de Haití, las bandas armadas que controlan Puerto Príncipe lanzaron una ofensiva: sitiaron el aeropuerto y el puerto de la ciudad, liberaron más de cuatro mil presos de las principales cárceles y exigieron la renuncia de Henry. Al no lograr retornar al país, Henry finalmente perdió el apoyo de sus jefes estadounidenses. El 11 de marzo aceptó renunciar y dar paso a la conformación de un Consejo Presidencial, un gobierno interino designado por EEUU, Francia y la Comunidad del Caribe, con la misión de organizar unas elecciones, algo que Henry no logró en tres años. Pero todavía el 28 de marzo los miembros de este Consejo no habían logrado su instalación.

El propio Henry había sido impuesto a la cabeza del Estado haitiano por el Core Group en 2021, una especie de consejo colonial encabezado por EEUU, Francia, el Estado español, Alemania, Brasil y Canadá, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse. La crisis refleja tanto la lumpenización de la burguesía haitiana como el fracaso de décadas de intervención militar y política imperialista en el primer país independiente del Caribe, emblema de la revolución antiesclavista. Estos elementos han conducido a un virtual colapso del Estado haitiano y el vacío lo han llenado decenas de grupos armados del crimen organizado.

Desde 2021, el imperialismo estadounidense intenta impulsar una nueva ocupación militar, pero sin emplear sus propias tropas. No pudo convencer a Canadá o a Brasil de encabezar la ocupación, emulando a la MINUSTAH, misión de la ONU encabezada por Lula en 2004 y que se extendió hasta 2017. Finalmente, en octubre de 2023, EEUU logró la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, con la abstención cómplice de China y Rusia, para avalar el despliegue de tropas en Haití. Sobornó con financiamientos a gobiernos africanos y caribeños para proveer las tropas, con Kenia a la cabeza. Sin embargo hay indecisión y contradicciones en el régimen keniano, lo que obligó a Henry a viajar en marzo y tratar de amarrar el acuerdo. Al caer Henry, el gobierno keniano supeditó el envío de las tropas a la conformación del Consejo Presidencial. EEUU, por su parte, estableció como requisito para los aspirantes a integrar ese gobierno provisional la aceptación de la intervención militar.

La ONU admite en informes recientes que las bandas gangsteriles controlan el 80% de Puerto Príncipe, incluyendo la mayor parte del sistema de suministro de agua, las principales carreteras y en distintos momentos edificaciones estatales, terminales de suministro de combustible y zonas de producción agrícola. Son alrededor de doscientas pandillas, algunas con un origen vinculado a funciones paramilitares al servicio de sectores empresariales y políticos a cambio de impunidad, armas y dinero. Aunque distintas coaliciones pugnan por el control territorial, todas tienen en común su carácter económico parasitario, financiándose mediante el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la piratería, cobrando peajes e impuestos informales en los territorios bajo su control. Utilizan métodos terroristas contra la clase trabajadora y los sectores populares, perpetrando masacres y saqueos, desplazando a más de 300 mil personas en la capital.

Se constata un círculo vicioso. La ruina del campo tiene causas estructurales en políticas aplicadas por EEUU y sus gobiernos títeres en Haití, como la importación masiva de arroz estadounidense subsidiado. La ruina rural a su vez es una de las causas de una emigración hacia la capital y el exterior, en los últimos cuarenta años, y genera condiciones en las cuales ha prosperado el crimen organizado en los barrios urbanos. La extorsión de las bandas al campesinado obstaculiza la producción agrícola, agravando el hambre y la pobreza.

También existe una relación histórica entre gobiernos y bandas armadas: éstas son un síntoma de la debilidad del régimen político. La dictadura duvalierista tuvo un aparato represivo paramilitar durante casi tres décadas, hasta su caída en 1986. En la década del 90, al ser restituido en el poder por EEUU luego de haber sufrido un golpe de Estado, el presidente Aristide desmanteló el ejército, pero también desarrolló una relación clientelar con bandas armadas. En 2004, Aristide sufrió un nuevo golpe de Estado apoyado por EEUU, que fue complementado con la intervención de la MINUSTAH. Esa ocupación dejó una estela de crímenes represivos y un legado político de elecciones fraudulentas, de las que surgieron los gobiernos neoduvalieristas del PHTK. Michel Martelly y Jovenel Moïse, además de sus vínculos con el narcotráfico y con EEUU, se beneficiaron ampliamente con el festín de la corrupción de Petrocaribe, el esquema de financiamiento petrolero venezolano que desembocó en uno de los mayores desfalcos de la historia de Haití.

Moïse tuvo que lidiar con la salida de las tropas de la MINUSTAH y el fin de los subsidios venezolanos. El FMI presionaba por un aumento drástico de los precios de los combustibles, pero el primer intento en julio de 2018 fue derrotado por las protestas masivas. Acorralado por el auge de las protestas, con una base social cada vez más precaria, Moïse optó por métodos desesperados. En 2019 contrató a mercenarios estadounidenses y serbios para asaltar el Banco Central y hacerse con 80 millones de dólares del fondo de Petrocaribe. Fracasó, los mercenarios fueron detenidos y expulsados a EEUU. Aumentaba la violencia mafiosa, los secuestros y las huelgas policiales. Entonces Moïse se alió a un ex policía que dirigía una pandilla en el barrio de Delmas, Jimmy Cherizier, señalado por su responsabilidad en las masacres de Grand Ravine en 2017 y La Saline en 2018, mejor conocido como Barbecue.

En 2020 Barbecue anunció la creación de una federación de pandillas denominada G9. La representante de la oficina de la ONU para Haití (BINUH), la diplomática estadounidense Helen La Lime, llegó a celebrar y atribuir una reducción coyuntural de los homicidios a la creación de esta federación. La pax mafiosa duró poco. La guerra por territorios se intensificó. Moïse, ya sin el apoyo de los principales burgueses ni de Martelly, intentó huir hacia adelante, disolviendo el parlamento. Maniobró para imponer un cambio de la constitución, la creación de un organismo de inteligencia bajo su control directo y unas elecciones tuteladas por las pandillas aliadas a él. Antes de que pudiera llevar a cabo estos proyectos, fue liquidado por mercenarios colombianos y agentes de la DEA, en un golpe palaciego propinado por sus ex aliados. Pocos días antes de su asesinato, incluso Barbecue había roto públicamente con Moïse. Con Henry, la situación económica y social llegó a su punto más bajo y las pandillas continuaron copando los vacíos dejados por el Estado.

Dos décadas después del inicio de la ocupación por parte de la MINUSTAH, de una persistente intromisión del Core Group y de la BINUH, el resultado es un aumento de la pobreza y del control gangsteril. Una burguesía haitiana descompuesta se encuentra en un callejón sin salida político. Como consecuencia del tutelaje imperialista, Haití es uno de los pocos países del mundo con un PIB per cápita similar al de hace seis décadas.

Es urgente una campaña internacional de solidaridad con el pueblo trabajador haitiano, por el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación, por la anulación de la deuda externa y el pago de reparaciones por parte de EEUU, Francia y la ONU. Un nuevo gobierno de facto impuesto por EEUU quizás será inevitable en las actuales circunstancias, pero no tiene ninguna legitimidad y no solucionará ninguno de los problemas fundamentales del país. La derrota de los gángsters y de la injerencia imperialista son dos aspectos de una misma tarea democrática y revolucionaria que tiene ante sí el pueblo haitiano, para la cual debe contar con la solidaridad de la diáspora y de la izquierda y la clase trabajadora caribeña y latinoamericana.

Simón Rodríguez
Abril 2024