El 11 de octubre de 2018, después de 36 años, se realizó el juicio por privación ilegítima de la libertad y el asesinato de Ana María Martínez, ocurridos el 4 de febrero de 1982. Se imputaba a Jorge Norberto Apa, Jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, Jefe del Departamento de Personal G1 del Comando de Institutos Militares y Héctor Luis Ríos Ereñú (fallecido el 20 de junio de 2017), Jefe del Departamento de Operaciones G3 del Comando de Institutos Militares, el haber arbitrado los medios necesarios (tanto humanos como materiales) para privar ilegítimamente de libertad a Ana María, por su condición de militante del Partido Social de los Trabajadores, para luego quitarle la vida.

El Tribunal estuvo compuesto por los Jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral, siendo el Fiscal Marcelo García Berro.

Esta sentencia de Cadena Perpetua a los Militares genocidas, solo se puede explicar por la gran lucha de los organismos de Derechos Humanos de Argentina, encabezados por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el gran trabajo de investigación, documentación y legal del Dr. Pablo Llonto, la Secretaría de DD.HH. de Buenos Aires y Nacional, con el apoyo de la Comisión Ana María Martínez, formada por excompañeros del PST de San Martin y Mar del Plata. Especial mención a Carmen Mitrovich, que impulso su formación y dedico días y días a buscar y localizar, después de tantos años, a testigos del secuestro y desaparición de Ana María. Por último, la unidad de acción de los diferentes partidos surgidos de la división del PST, que sin dejar de lados sus diferencias en otros temas, fueron juntos a lograr el juicio y castigo a los genocidas.

La defensa de los genocidas negó las acusaciones, como era de esperar, planteando que fue un caso privado, que nada tenia que ver con la condición de militante revolucionaria de Ana María. En el mismo sentido se expresó Jorge Norberto Apa, el único de los dos acusados presente, que hizo un alegato final en el que, con prepotencia y la impunidad que tubo, expresó que el era un General nombrado por el presidente Alfonsín y que el congreso de la nación, nunca rechazo su nombramiento. Como si ese nombramiento, con presidente y parlamento «democrático», fuese una garantía de los Derechos Humanos y pusiese a todos los genocidas en la cárcel. Eso provocó una mayor indignación en todos los presentes. Indignación que se transformó en un solo grito de alegría una vez que el Juez Marcelo Díaz Cabral termino de leer la sentencia. Y por primera vez en un Tribunal Penal, después de cantos y gritos de alegría de todos los presentes, se cantó la Internacional, en homenaje a Ana María, a los 100 compañeros del PST asesinados y los 30.000 desaparecidos.

Por último, quedó presente que la condena a estos dos genocidas después de 36 años, sirve como impulso a continuar la lucha para que todos los genocidas, pasen los años que sean, puedan estar donde se merecen; en una cárcel común, sin ningún privilegio por el resto de su vida.

Guillermo Schelling
Querellante y testigo en la Causa de Ana María Martínez