El gobierno de la Generalitat, mediante el Departamento de Economía de Pere Aragonés (ERC), presentó a finales del año pasado el llamado Proyecto de ley de contratos de servicios a las personas para su tramitación parlamentaria. Hasta el mes junio, cuando empezaron a reunirse varias organizaciones para hacerle frente, este proyecto de ley había pasado desapercibido y no había llegado a conocimiento de la opinión pública a pesar de las gravísimas consecuencias que puede suponer si finalmente es aprobado. Se calcula que la votación en Pleno del Parlamento para su aprobación podría ser a mediados de octubre. Hoy por hoy, apoyan a la Ley Aragonés todos los grupos parlamentarios a excepción de la CUP y, recientemente, también los Comunes (que sí apoyaban inicialmente pero que se han desmarcado al iniciarse la campaña sobre los verdaderos objetivos privatizadores y precarizadores de esta ley).

Una ley para regularizar y generalizar las privatizaciones

La Ley Aragonés abre la puerta a un salto cualitativo en la privatización de servicios públicos esenciales. Bajo el pretexto de regularizar los servicios de atención a las personas se asientan las bases normativas para la externalización de más de un centenar de servicios que se prestan en los ámbitos de la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre otros. Esto querría decir que serían empresas privadas y no la administración pública quienes gestionarían muchos más servicios básicos de los que ya gestionan actualmente.

El primer argumento falso que han usado los impulsores de este proyecto de ley es que pretende dar cumplimiento a la normativa de la UE, en concreto a la Directiva 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública. Esta misma normativa dice «ninguna disposición de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o externalizar la prestación de servicios que deseen prestar por ellos mismos...» . Si la normativa de la Unión Europea dijera que se tienen que privatizar, también nos opondríamos. Pero además esto, al menos de momento, es falso.

El segundo argumento falso y fácil de corroborar es que esta ley solo servirá para regular servicios que ya están privatizados. A la lista de más de un centenar de servicios que se especifican en el proyecto de ley, algunos ya se estaban prestando de forma externalizada con las repercusiones negativas que conocemos: precariedad laboral y priorización del beneficio económico por encima de la calidad del servicio. Pero también se mencionan explícitamente otros muchos que ahora son de gestión pública con una clara intención: que pasen también a manos privadas.

En el ámbito educativo, además de servicios ya externalizados en la mayoría de casos como por ejemplo los hogares de niños o las actividades de ocio educativo que van más allá del horario lectivo (acogida, mediodía y extraescolares) el decreto ley menciona literalmente otros servicios como: Enseñanza preescolar (que puede abrir la puerta a la privatización de la educación de 0 a 6 años), Servicios de educación especial, Servicios de enseñanza para adultos (puede asentar las bases de la privatización de los Centros de Formación de Adultos), Tutoría. E incluso, se dice literalmente Servicios escolares varios / otros servicios de enseñanza con una ambigüedad intencionada que deja la puerta abierta a la privatización de cualquier servicio educativo.

El ámbito sanitario ya tenía gran parte de servicios privatizados no solo por la vía de los centros privados y los conciertos sino también por la del alud de servicios sanitarios que se prestan con gestión privada dentro de los mismos centros públicos. De forma que ya ahora es difícil saber qué servicio es de gestión pública o privada (especialmente a los centros hospitalarios). Pero con el listado de la Ley Aragonés la duda es si queda alguno que no pueda ser privatizado. Entre otros encontramos algunos tan importantes como: servicios hospitalarios no especificados, servicios hospitalarios de cirugía, de medicina, de ginecología, de análisis de sangre y de análisis bacteriológicos, asistencia hospitalaria y de ambulatorio, servicios de médicos de medicina general y de médicos especialistas, bancos de sangre, bancos de esperma y bancos de órganos para trasplantes, servicio municipal de salud y servicios de ejercicio de la medicina.

En el listado de servicios del sector social que incluye la Ley Aragonés aparecen muchos que, a pesar de ser esenciales ya han sido privatizados y una gran partes de los que todavía se prestan de manera directa. Entre otros muchos encontramos: Servicios de reinserción, de búsqueda de trabajo, de suministro de personal doméstico, de asistencia social, de asistencia social con alojamiento, servicios de bienestar social proporciona- dos a gente mayor o programas de acción municipal.

La trampa del tercer sector

Uno de los argumentos que se tiene que combatir con más fuerza es que con la Ley Aragonés la mayoría de servicios privatizados irán a parar a las llamadas empresas de la economía social o tercer sector.

En primer lugar, porque en la práctica el concurso por el cual se adjudican se regirá por criterios de competencia: ofrecer el «mejor» servicio al precio más bajo. El llamado criterio del precio (qué empresa ofrece gestionar los servicios por menos dinero) podrá suponer hasta el 40% del total del baremo del concurso (cuando a los concursos actuales la administración ya los puede rebajar hasta el 20%). Además, el resto de criterios tienen un carácter subjetivo que hace posible que, a pesar de no ser el mayoritario, al final se imponga quién ofrece el servicio a precio más bajo. Y esto siempre es en detrimento de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de los y de las trabajadoras.

En la práctica ya hemos visto como en Ayuntamientos como el de Barcelona de Ada Colau han seguido ganando estos concursos grandes empresas como CLECE, nada más y nada menos que de Florentino Pérez.

Pero, además, si los servicios fueran a parar a estas empresas del tercer sector, también conocemos como actúan y la precariedad a la que someten, por ejemplo, la Fundación Pere Tarrés en las Técnicas de educación Infantil o la que sufren las trabajadoras del sector social por parte de FASI, EDUVIC, SUARA, etc, que priorizan sus intereses privados en detrimento de las condiciones laborales y de la calidad del servicio. También tenemos que tener presente la corrupción y el amiguismo que permite este sistema de adjudicaciones a empresas y «fundaciones» del tercer sector y que ha quedado patente en el caso de la DGAIA a raíz de las denuncias del sector social de la CGT y la CUP-CC que hizo que se abriera investigación y tuviera que dimitir quien fue su Director General y regidor de ERC a Girona, Ricard Calvo.

Cualquier servicio que esté en manos privadas no solo quedará sometido a querer tender a la reducción de costes por la ley de la competencia. También será susceptible a la discriminación laboral en las contrataciones por razón de origen, sexo, género, ideológico, sindical, etc. Y tampoco queda exento de prestarse con intenciones adoctrinadoras de tipo religioso u otros. Ya sabemos de la intromisión de muchas fundaciones «sin ánimo de lucro» religiosas o de entidades bancarias en el mundo educativos o en los servicios sociales.

La voluntad privatizadora de ERC no es nueva

No nos tiene que sorprender que sea ERC quién impulse esta Ley si recordamos su trayectoria en los últimos años. Estaba en el Gobierno del tripartito (con PSC e ICV) al inicio de los recortes a los servicios públicos que también impulsó la Ley de Educación de Catalunya (LEC) de carácter neoliberal y privatizador y que supuso varias huelgas de la comunidad educativa. Curiosamente, el consejero de Enseñanza era Ernest Maragall, entonces en el PSC, ahora en ERC. Apoyó los brutales recortes a los servicios públicos que aplicó el Gobierno de CiU y medidas como el Plan Boloña (que ha supuesto un incremento de las tasas universitarias del 66%) o el desmantelamiento de la sanidad pública que lideró Boi Ruiz, entre otros.

Y ya gobernando los últimos años con JxS/JxC, ha mantenido los principales y más graves recortes a los servicios públicos y ha tenido y tiene consejerías en las cuales se ha profundizado la precarización como por ejemplo la del sector social de la cual es consejero actual Chakir Lo Homrani o ha seguido renovando conciertos all Opus Dei de la mano del consejero de educación Josep Bargalló.

Y no podemos olvidar el reciente anuncio del propio Pere Aragonés de un nuevo recorte del 6% al gasto público el que resta de año.

¿Cómo respondemos?

Desde el mes de junio nos hemos venido reuniendo una veintena de organizaciones y hemos impulsado la Plataforma Paremos la Ley Aragonés . Hemos ido haciendo charlas en todo el territorio a partir de las que también se han empezado a impulsar asambleas locales para dar respuesta. Los meses de verano han puesto más difícil hacer asambleas y charlas en los centros de trabajo y estudio. Pero será urgente que se hagan al máximo desde el inicio de septiembre tanto de los y las trabajadoras públicas como de aquellas personas que trabajen en servicios privatizados pero que tendrían que ser públicos. Algunas ya están en lucha como las del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) o las de A pie de Calle (APC). Y se tiene que poder llegar al máximo de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores porque la privatización de los servicios esenciales nos afecta a todos y todas.

El curso pasado ya hubo razo- nes para la huelga del 29N, las huelgas en educación, Universidades, y en sanidad... y la mayoría de las reivindicaciones de entonces siguen vigentes ahora. Por lo tanto, ahora con más razón, hay que organizar un plan de lucha lo más amplio, unitario y contundente posible y los sindicatos combativos han de plantear en las asambleas la posibilidad de convocar huelga general antes de la fecha de aprobación de la ley para pararla.

Pedro Mercadé