El Covid-19 ha acelerado la crisis capitalista que hace tiempo que se preparaba, y Nissan es el adelanto de "sus soluciones": más miseria para la clase obrera, más beneficios para la patronal. 25.000 puestos de trabajo que se pierden, pero –en los días que se anunciaba el cierre– las acciones de Nissan subieron hasta el 20% y las de Renault hasta el 30%.

El cierre de Nissan, afirma Jose Vicente de los Mozos, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y vicepresidente de la alianza Nissan-Renault "es una fuerte advertencia para ponernos a trabajar y hacer que las fábricas en España sean aún más rentables". Es decir, si no bajamos sueldos, y retrocedemos en nuestras condiciones de trabajo, Nissan sólo será la primera, amenaza la patronal. No es un discurso nuevo: hace un año, el mismo personaje imponía un despido de 600 trabajadores/as en Nissan. La mayoría sindical lo aceptó, como el Ministerio de Industria y la Generalitat. Había una cláusula que garantizaba la continuidad de la planta e inversiones de 70 millones en un túnel de pintura que nunca llegó. Pero los incumplimientos patronales quedan en la impunidad.

El dirigente de UGT se quejaba, a la puerta de un concesionario y ante más de un centenar de trabajadores, que después de aceptar las medidas patronales, una doble escala salarial o los EREs, ahora los dejan en la estacada. Lamentable, porque en el camino se han dejado muchos y muchas trabajadoras colgadas y ahora hay menos fuerza para hacer frente al cierre en una fábrica que ya trabaja sólo al 27% de su capacidad. La ley está al servicio de la patronal y, aún más con la reforma laboral de 2012, que el gobierno PSOE-UP no deroga, pues los trámites para el cierre son abreviados y, si no hay acuerdo en la negociación, la patronal lo puede aplicar unilateralmente.

Pero la lucha puede derrotar la maniobra de la multinacional. La resolución del conflicto de Nissan marcará el futuro de todos y todas: si su crisis la pagamos de nuevo los trabajadores o no. La solución pasa por una decisión política: la nacionalización de Nissan, que hoy supone el 7% del PIB catalán. La multinacional ha recibido 170 millones en ayudas públicas y ha incumplido los compromisos de futuro. La nacionalización está pagada con creces. Como Alcoa, la expropiación sin indemnización, bajo el control de los y las trabajadoras, debe permitir una fuerte inversión en capital público para poner en marcha la factoría al servicio de las necesidades sociales y el cambio energético. Tampoco es algo inaudito: se nacionalizó Bankia en 2012, con el Gobierno del PP y se inyectaron 22.429 millones de euros, como el gobierno italiano ha nacionalizado Alitalia a raíz de esta crisis, y Merkel está negociando nacionalizar Lufthansa, entre otras empresas, al punto que se ha modificado la normativa europea para dar cabida a estas situaciones. Pero la garantía para que la empresa nacionalizada responda a necesidades sociales, incluidas las de la producción de material sanitario para cubrir las carencias que se han evidenciado con la pandemia, es que esté bajo el control de los y las trabajadoras.

Políticamente la CUP-CC se ha pronunciado a favor de la nacionalización, mientras que Comuns y ERC han mencionado esta posibilidad. También CGT la defiende, mientras la dirección de CCOO dice que no es viable.

De momento, con las plantas de Montcada y Sant Andreu de la Barca en huelga indefinida, todas están cerradas. Pero existe el peligro de que la empresa aproveche para iniciar el desmantelamiento, por eso habría que ocupar la planta central de Zona Franca. Es importante la unidad sindical con la que se ha declarado la huelga indefinida, pero es necesario que la decisión última esté en manos de los y las trabajadoras. Como cualquier firma de acuerdo.

Para ganar la lucha, se debe convertir la lucha contra el cierre de Nissan en un problema social y político. La simpatía de la población trabajadora es evidente. Pasar de los 3.000 trabajadores de Nissan a los 25.000 contando las empresas auxiliares implicados en la lucha sería un cambio cualitativo. Acciona Facility Services (con 580 trabajadores/as para mantenimiento), Calsonic Kensei Spain, con dos fábricas en Barcelona y Santa Margarida i els Monjos (200 trabajadores/as en producción de aire acondicionado), Gestamp en Abrera (250, con componentes metálicos), Marelli (170 en tubos de escape), Lear Zona Franca (105) y hasta 500 empresas forman este tejido de 25.000 trabajadores y trabajadoras que pueden quedar en paro. La coordinación de todas es determinante.

Organizar y movilizar –localidad a localidad con comités de apoyo– debe llevar a un clamor que exija a todas las instituciones la decisión política contra el cierre de Nissan. Avanzar hacia una gran movilización ante el Gobierno y el Parlament. Poner sobre la mesa una huelga general para imponer la nacionalización de Nissan.

Extender la solidaridad obrera. Las multinacionales sí tienen patria. Renault presenta una reducción de plantilla de 14.600 puestos de trabajo, de los cuales 4.600 en Francia, y Macron compromete la subvención pública de más de 8.000 millones a cambio de que PSA y Renault aseguren "relocalizar la producción de más alto valor añadido en Francia y consolidar y mantener la totalidad de la producción industrial". Los y las trabajadoras estamos liquidados si entramos en la competencia entre nosotros, de diferentes marcas o dentro de la misma, para llevarse un modelo. La solidaridad es nuestra mejor arma. No sobra nadie. O salimos todos y todas adelante o nos hundiremos. Hay que poner la producción al servicio de las necesidades sociales y repartir el trabajo entre las manos disponibles.

¡NISSAN NO SE CIERRA!
NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN
LOS Y LAS TRABAJADORAS NO PAGAREMOS SU CRISIS

4 de junio de 2020

Lucha Internacionalista