El curso 2020-21 comienza lleno de incertidumbres y sin los recursos ni las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación del alumnado ni tampoco la salud del conjunto de la comunidad educativa. La responsabilidad de esta situación y de las graves consecuencias que se pueden derivar ya no es sólo del Covid, sino que lo es sobretodo de la gestión que están haciendo los gobiernos de aquí y de allí, que ponen los intereses económicos de unos pocos por delante de los derechos básicos y de la vida de la gente trabajadora.

La «crisis educativa» viene de lejos

Aunque el conseller Bargalló ha utilizado la expresión a partir de la llegada del coronavirus, la escuela pública en Catalunya ya sufría una «crisis educativa» generada por los recortes y la voluntad privatizadora de los últimos gobiernos. El incremento del horario lectivo del profesorado, la falta de plantillas, el cierre de grupos de la pública, la falta de recursos para la escuela inclusiva, la pérdida de condiciones laborales y de democracia en los centros ya estaba generando segregación escolar y graves desigualdades entre centros y alumnos.
El confinamiento del pasado marzo impactó en una educación pública ya dañada y puso de relieve y agravó esta crisis educativa. La enseñanza telemática, condicionada por la falta de recursos de personal y materiales provocó que la brecha digital y de condiciones sociofamiliares aumentaran aún más estas desigualdades.

Para este curso era necesaria una inversión extraordinaria, tanto para garantizar la educación con condiciones sanitarias, como para paliar la pérdida para gran parte del alumnado de los tres últimos meses del curso pasado. Y ésta no ha llegado ni de lejos.

No han querido planificar el curso en condiciones

El curso 20-21 ha comenzado seis meses después de la irrupción del Covid en Catalunya. Tiempo más que suficiente para planificar las adaptaciones necesarias para hacer frente a la nueva situación preservando el derecho a la educación presencial del alumnado en condiciones de seguridad sanitaria.

Desde el pasado abril los propios gobiernos hablaron de la necesidad de reducir los grupos de alumnos a un máximo de 10-15 en infantil y primaria y de 20 en secundaria, y de la adaptación de espacios suficientes como medidas imprescindibles para encarar este curso en condiciones de seguridad sanitaria. Desde los sindicatos se exigió que esta reducción de ratios fuera acompañada de un incremento exponencial de las plantillas con contrataciones estables.

Pero a la hora de los hechos, el Departamento pasó a difundir informaciones poco contrastadas en el contexto educativo sobre la baja tasa de contagio de los y las niños, con la finalidad de justificar la ausencia de aplicación de las medidas mencionadas. Así, en lugar de reducir las ratios al número que, tanto Bargalló como Celaá dijeron que harían falta, han optado por el invento de los llamados «grupos burbuja», como si el alumnado no tuviera relación entre sí fuera de los centros educativos.

Contrataciones y reducción de ratios insuficientes y con trampas

En la dotación inicial de plantillas de los centros para el presente curso el Departamento ha ignorado conscientemente la existencia del Covid para ahorrarse contrataciones con vacante de todo el curso. Comenzado en septiembre, se han ido incorporando docentes a cuentagotas y muchos centros, sobre todo de las zonas con más densidad de población (y por tanto con más necesidad de reducción de ratios), han tenido que empezar el curso con 25 o más alumnos en primaria y con 30 o más en secundaria, haciendo imposible la distancia de seguridad que tanto piden los gobiernos en otros contextos. Y los centros donde sí se ha podido reducir la ratio a 20, la falta de incremento de plantillas ha obligado a desmontar desdoblamientos, refuerzos y en definitiva, los ya insuficientes recursos de atención a la diversidad y las necesidades educativas especiales. Además, también por falta de nuevas contrataciones, muchas docentes deberán impartir este curso materias de las que no son especialistas.

Los y las trabajadoras: a los pies de los caballos

Además de lo mencionado anteriormente se ha hecho ir a trabajar a los centros a personas de colectivos de riesgo mientras otras trabajadoras siguen en paro esperando un nombramiento. También se han iniciado unas oposiciones vergonzosas generando concentraciones de opositores (mientras las prohíben en otros contextos) y que aún generan más dificultades organizativas en los centros cuando hubiera sido la oportunidad de establecer un proceso de acceso a la función pública basado en un concurso de méritos priorizando el tiempo de servicios prestados.

Si bien en todas las comunidades del Estado ha habido falta de recursos, en Cataluña ésta ha sido aún más grave. Mientras la misma Díaz Ayuso anunciaba (ante una convocatoria de huelga unitaria) un incremento de 11.000 docentes en Madrid, en Catalunya la cifra ronda sólo los 5000, cuando los sindicatos exigían unos 7000 ya antes del Covid para hacer frente a este curso. Y mientras en Madrid se hacían PCRs a todo el profesorado que lo quisiera antes de iniciarse el curso (con resultado de 2000 positivos) en Catalunya no se han hecho, posiblemente para no tener que hacer todas las contrataciones adicionales que fueran necesarias para sustituir a los positivos. Ahora, empiezan a aparecer casos con el curso empezado que pueden obligar a cerrar líneas o centros y volver a una enseñanza telemática lleno de carencias y que incrementa la segregación escolar.

La falta de respeto del Departament hacia sus trabajadoras llega al punto de que las mascarillas llegan a los centros con el curso ya empezado y no son FFP2 sino higiénicas (no consideradas material sanitario ni EPIs).

Hace falta un plan de lucha con huelgas para defender la escuela pública

Es cierto que el alumnado necesita volver a los centros. Pero necesita también que éstos sean espacios seguros y donde puedan recibir la atención y educación que merecen en lugar de los «parkings» en que pueden convertirse con los recursos actuales. Los y las docentes queremos trabajar e impartir una enseñanza 100% presencial y de calidad. Pero con los recursos actuales, ni eso, ni la seguridad sanitaria en los centros está garantizada. Y en estas condiciones será mucho más probable que éstos tengan que cerrar a lo largo del curso por contagios.

El curso ha empezado con movilizaciones y huelgas en Andalucía, Galiza, Euskadi, Aragón y Madrid. En Catalunya, la CGT previendo la falta de recursos, llamó el pasado mayo a trabajar por una huelga al inicio de curso que no fue secundada por el resto de sindicatos. A fecha de cierre de este artículo, se está llevando a cabo una consulta al profesorado y durante los próximos días podría anunciarse una convocatoria de huelga para inicios de octubre. Está por ver si esta convocatoria la harán todos los sindicatos como debería ser o sólo CGT Ensenyament.

Las movilizaciones y huelgas que convoque el sector educativo debe avanzar a unirse con las del sector sanitario y de los servicios sociales, y también con la de los y las trabajadoras que están en luchas y huelgas contra el cierre de empresas como Nissan y sus subcontratas, Saint Gobain, Nobel, Continental, etc. Hay, en definitiva, unir las luchas y avanzar hacia la huelga general en defensa de los servicios públicos y para que esta crisis no la paguemos los y las trabajadoras.

Pedro Mercadé
Delegado enseñanza pública de CGT