El primer trimestre del curso finalizaba con un incremento de las restricciones por parte de los Gobiernos, pero sin aumento de recursos humanos y materiales para evitar contagios en los centros educativos ni para garantizar la calidad educativa de estos.

El Departament d’Educació, desde el inicio de este curso, se ha esforzado más en aparentar una falsa normalidad en escuelas e institutos que en aplicar ninguna de las medidas necesarias desde hace meses: ni la reducción de ratios para garantizar las distancias de seguridad en los términos que reconoció el propio Conseller Bargalló, ni el incremento de plantillas para atender el aumento de grupos necesarios, ni la adecuación de espacios suficientes, entre otras muchas.

Y no sólo eso, durante los primeros meses del curso, han ido incumpliendo algunas de las medidas anunciadas a comienzos de éste, generando situaciones insostenibles en muchos centros. No se han cubierto las sustituciones desde el primer día tal como se había prometido. A muchos centros éstas han tardado semanas en llegar generando una pérdida adicional de calidad educativa (sacrificando desdoblamientos, tutorías, apoyos de educación especial ...).

La falta de recursos en sanidad también ha repercutido en los centros educativos ya que, en muchos casos, se han incumplido los protocolos y no se han hecho PCRs a profesorado en contacto estrecho con casos positivos en los centros o no se han confinado grupos, aún y teniendo casos positivos. En algunos casos, no se han hecho confinamientos de grupo por lo que habían tardado en hacer la PCR y tener los resultados. No dieron las mascarillas FPP2 exigidas y la compra de geles hidroalcohólicos está yendo a cargo de los mismos centros, generando en muchos casos unos gastos que limitan seriamente la economía de las escuelas e institutos.

Se han tenido que aplazar a medias unas oposiciones esperpénticas mientras siguen sin optar por la estabilización del personal interino mediante un concurso de méritos basado en la antigüedad que, además de ser más justo, no supondría el trastorno que está suponiendo a los centros el actual sistema de oposiciones, ni los riesgos que generan las actuales convocatorias para hacer pruebas, presentar programaciones, etc.

Y ahora, una vez acabado el trimestre, nos encontramos que muchas compañeras y compañeros que son colectivo de riesgo ante la Covid deberán volver a los centros en enero. Y como "agradecimiento" a las docentes que las han sustituido, el Departamento las ha dado de baja el último día del primer trimestre y no han podido cobrar las vacaciones de Navidad.

Pero que el Departament d’Educació haya podido actuar impunemente con este desprecio hacia la educación pública, ha sido posible por la falta de respuesta que ha habido por parte de trabajadoras y comunidad educativa. A las llamadas a la huelga que se han hecho desde CGT Enseñanza desde finales del curso pasado sólo el sindicato Aspepc se añadió para convocar las huelgas del 9 y 15 de octubre que tuvieron poco seguimiento. Las Universidades también fueron a la huelga el 21 de octubre, pero sin gran seguimiento ni continuidad. Y tampoco ha habido respuesta suficiente por parte del conjunto de la comunidad educativa. Sólo la concentración convocada por la Assemblea Groga que reunió a unas 200 personas el pasado 12 de diciembre.

Así, la asignatura pendiente para lo que resta de curso para trabajadores, estudiantes y familias es sin duda organizar una respuesta a la altura de la gravedad de la situación y para exigir los recursos inmediatos necesarios para unos centros educativos abiertos y seguros este curso y un incremento de presupuesto exponencial para el siguiente, que revierta todos los recortes que aún sufre la educación pública y también todos los meses perdidos por la falta de recursos durante la pandemia.

Pedro Mercadé
Delegado de educación pública