El aparato judicial del estado sigue jugando un papel muy activo en los últimos meses, tanto en cuanto a la represión como por la anulación de las llamadas «leyes sociales» como la que regulaba los precios del alquiler en Catalunya. Y también sigue su cerco sobre la inmersión lingüística. La última vez, con la sentencia del TSJC que obliga a hacer el 25% de clases en castellano en los centros educativos catalanes.

El ataque a la inmersión lingüística viene de lejos

El ataque a las lenguas de las naciones oprimidas es una característica común de los Estados que las oprimen que tratan de hacerlas desaparecer con el fin de negar estas realidades nacionales. En España se ha visto muy claro durante el franquismo y, más recientemente con la propia LOMCE o con el intento fallido del PP de instaurar el TIL en Baleares, que fue tumbado gracias a la ejemplar lucha de la Asamblea de Docentes a la que se añadió toda la comunidad educativa. Y, en cuanto a resultados, los datos de consolidación de la lengua según uno u otro modelo, hablan por sí mismas.

Pero el caso de la inmersión va más allá. Con el traspaso de competencias, en 1980, comenzó la enseñanza del catalán, y como el resto de CCAA, la posibilidad de escuelas en catalán, allí donde la lengua materna mayoritaria fuera la catalana. Esto generaba escuelas diferenciadas por lengua materna -años después, en Valencia o Euskadi sería por opción-. Una de las bases de la reivindicación de las escuelas de Sta Coloma de Gramenet, con familias mayoritariamente de habla castellana, que hacen las pruebas piloto en el 83-84, no era tanto -o sólo- la defensa del catalán, sino el fin de la discriminación de las criaturas en diferentes escuelas por lengua, y por tanto considerar esta como herramienta de cohesión social con independencia del origen. Quieren, por tanto, acabar con esta cohesión definida en torno a una lengua común.

El recorrido de la última sentencia del TSJC

La sentencia del TSJC aún todavía no es firme y desde el Departamento de Educación se le quita hierro porque según dicen «la futura LOMLOE blinda la inmersión lingüística en Catalunya». Resulta, por lo menos ingenuo que desde la consejería de ERC exprese esta confianza hacia este supuesto blindaje legal a la luz de sentencias escandalosas en diferentes ámbitos del aparato judicial y especialmente en cuestiones relativas al conflicto de Catalunya. La derecha del 155 ya ha anunciado denuncias ante el TC contra la propia LOMLOE al considerar inconstitucional justamente esta parte de la nueva ley educativa del PSOE. Es decir, próximamente podemos tener un nuevo capítulo en forma de sentencia del TC que, a la luz de las últimos, bien podría ser para dar prioridad al cumplimiento del 25% en castellano de la sentencia del TSJC por encima de lo que diga la propia LOMLOE.

Y ¿entonces?

¿Obedecerá el gobierno de la Generalitat como ha hecho desde el 155 o con la anulación de otras leyes catalanas? ¿Llamará a desobedecer al profesorado de los centros, pero lavándose las manos como Departamento de Educación? Últimamente hemos visto campañas en defensa de la lengua que ponen el peso en la responsabilidad individual. Seguramente también hay que defender la lengua en estas situaciones cotidianas, pero debe exigirse que esta defensa la encabece el mismo gobierno y no la delegue ni al profesorado ni a la población.

Seguramente, defender la inmersión lingüística próximamente, al igual que defender nuestros derechos y libertades, pasará para ir al choque y desobedecer sentencias del TC y del TSJC. Y eso, pasa al mismo tiempo, por tener un Gobierno capaz de hacerlo.

Pedro Mercadé
delegado sindical de profesorado de la escuela pública.