El 16 de diciembre salía el último vehículo fabricado en la línea 2 de la planta de Nissan en Zona Franca. La línea 1 se había parado una semana antes y también lo hacía la planta de Sant Andreu de la Barca y la de Montcada i Reixac. De los 3.500 trabajadores/as a 1 de enero quedaban cerca de 300 en tareas de mantenimiento y desmantelamiento. La multinacional se va sin hacer mucho ruido, protegida por los 17 meses de paz social firmada por el comité de empresa, que han aislado las luchas de las subcontratas. Se van quedándose los 180 millones de ayudas públicas y con un coste por el cierre mucho menor de lo previsto. Se va y todavía no está claro quién ocupará los terrenos, ni cuántos puestos de trabajo va a generar, pero queda claro que estarán muy lejos de los que se han destruido. Esto en el marco de la brutal desertización industrial en Catalunya en 2021, que sigue ahora con los próximos cierres de Malhe e Italco.

En las últimas semanas los nervios de la plantilla de Nissan se dejaban sentir ante la incertidumbre de la reindustrialización. El comité convocaba protestas para presionar a las administraciones a ceder al chantaje del fabricante chino Great Wall Motors (GWM), que exigía más dinero público para instalarse en la fábrica abandonada. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno y la Generalitat aumentaron las subvenciones, que el Consorcio de la Zona Franca abarató el alquiler y que el comité estaba dispuesto a renegociar el acuerdo laboral, el 13 de diciembre, GWM renunciaba al proyecto. Ahora se prioriza el hub de descarbonización que encabeza QEV, con una decena de empresas de vehículos eléctricos y pilas de hidrógeno. Dicen que crearían 1.800 puestos de trabajo en 4 años en la planta, muy lejos de los 3.500 directos que generaba Nissan.

Mientras, los trabajadores de las subcontratas, que llevan los mismos años que los de Nissan bajo el mismo techo, se han movilizado. Algunas han firmado acuerdos con indemnizaciones de entre 45 y 55 días, y compromisos abstractos con la reindustrialización. En octubre se agrupaban en el Movimiento Alternativo de Subcontratas (MAS), después de plantarse en el Parlament para exigir representación en la mesa de la reindustrialización, como tiene la plantilla de Nissan. Buenas palabras de la Comisión de Trabajo e Industria, también del Conseller Torrent, pero ninguna concreción que les permita estar presentes en la mesa.

Como explica Roger Magriñá, bombero de ServiSecuritas, «cuando se firma el acuerdo del comité de Nissan, miran sólo para ellos -mejores condiciones de despido y reindustrialización- y se margina el resto». José Antonio Serrano de Aubay (informática) recuerda que «fuimos a la huelga indefinida en abril, con otras subcontratas que no tenían acuerdo, y las empresas siempre jugaron con el divide y vencerás, y además el comité de Nissan había firmado la paz social no sólo para la plantilla sino también para las subcontratas». Para Roger, «las subcontratas que tenían una incidencia más directa en la producción consiguieron algunas mejoras, sin llegar a las condiciones de Nissan, los que no, nada». Lucia Bremer, trabajadora de Tecnove (comedores) denuncia que «tenemos un sentimiento de abandono desde el principio, y ahora cuando se cierra nuestra fábrica -porque era la de todos, no sólo la de la plantilla de Nissan- nos han vuelto a tratar como trabajadores de segunda, como si nuestros puestos de trabajo no tuvieran importancia». Porque, como reflexiona Marga Ortega, trabajadora de Snop (cadena de montaje) «cuesta movilizar la lucha de las subcontratas precisamente, porque las han creado para desmembrar el tejido obrero, para dividirnos.» Destacan que lo más preocupante es la situación de las compañeras y compañeros de más de 50 años, que a diferencia de los de la plantilla de Nissan no tienen la jubilación asegurada y que deberían tener prioridad a la hora de acceder a los nuevos puestos de trabajo. Como recuerda Marga, «no habrá una reindustrialización real sino estamos todos lo que trabajábamos bajo el techo de Nissan».

Es muy grave que no ha habido voz crítica alguna entre los sindicatos del comité de Nissan (USO, CCOO, UGT y CGT). Una voz que denunciara el acuerdo de cierre como una derrota y una traición a la lucha, y no como un «triunfo histórico de la clase obrera» como vendió el comité. Que se negara a dividir y a dejar abandonados a los y las trabajadoras de las subcontratas. Que rechazara la paz social y llamara a la movilización. Que explicara que la promesa de reindustrialización sin movilización era vender humo. Que dijera que el dinero público no era para dar a las empresas, y denunciara el chantaje de éstas y que no acabara haciendo frente común con la patronal. Que exigiera el retorno de los 180 millones de ayudas públicas que se había embolsado Nissan. Que rechazara la propuesta de Tess Defense para fabricar carros de combate, con el apoyo del Gobierno PSOE-IU/Podemos, que les destina 1.208 millones de euros de dinero público. Que dijera que no se puede dejar el futuro de los y de las trabajadoras en manos de las empresas y que era necesario defender un proyecto industrial público potente, garantizando los puestos de trabajo y la reconversión estratégica del sector para hacerlo sostenible económica y socialmente. Y que fuera un referente para frenar la sangría de la industria del automóvil. Que propusiera una gran campaña de toda la clase obrera catalana, de la población, porque sin industria no hay futuro.

Josep Lluis del Alcázar