El pasado 19 de diciembre de 2021, se realizó en Santiago de Compostela la manifestación organizada por la Plataforma de Axuda do Fogar de Galiza bajo la consigna ”Sen loita non hai dereitos“, que aglutinó asistentes de todas las provincias gallegas. En esta ocasión, la protesta se articuló con las convocadas por la Plataforma S.A.D., ese mismo día, en Barcelona, Bilbao, Asturias y Madrid, demostrándose la capacidad de movilización de esta nueva organización en el sector, que, en apenas un año, reúne trabajadores y trabajadoras sociosanitarias de ayuda a domicilio en el estado español, y efectuó una larga acampada en la sede del ministerio del trabajo, en Madrid.

En el caso de Galiza, la Plataforma SAF denunció la precariedad de sus condiciones de trabajo, la sobreexplotación a que se les somete y la indiferencia de las administraciones públicas ante sus reclamos. La exigencia es clara: un convenio colectivo autonómico justo.

En la mayoría de las CCAA el convenio autonómico tiene años sin actualizarse, a pesar del creciente deterioro laboral que sufre el sector y que ahora se ve agudizado por los efectos de la pandemia. El temor al contagio del virus en residencias, centros de día, geriátricos y otras opciones para la atención de personas dependientes, sean mayores o con algún nivel de diversidad funcional, incrementó la demanda de los cuidados en casa. Según fuentes consultadas en las administraciones públicas, se estima en un 30% adicional a la población usuaria o en lista espera para beneficiarse del servicio de ayuda a domicilio, en los últimos 8 meses. Pero, denuncian las plataformas, especialmente en Galiza, que el estado español y las empresas contratistas, pretenden cubrir todo con el mismo personal y pagando salarios más bajos.

La Plataforma SAF Galiza si bien agradeció el acompañamiento de diversos factores políticos de izquierda, dejó clara su autonomía de clase: “Mande quien mande, el SAD se defiende”. Sin duda, por una calle va el discurso de los partidos políticos y por otra, va su práctica en el ejercicio del poder público institucional, pues varios ayuntamientos galegos dirigidos por esos partidos ejecutan la misma política que desarrolla el estado español: externalizar el servicio poniéndolo en manos de empresas que buscan el lucro y la ganancia, a costa de la precarización y sobreexplotación de la clase trabajadora y en detrimento de los derechos fundamentales de la población más vulnerable.

El convenio autonómico gallego, tiene 10 años de antigúedad. Una comisión integrada por representantes de la patronal y de los sindicatos que lo firmaron, revisa y ajusta las tablas salariales, según la variación del IPC anual. Este ajuste se incorpora “como anexo al convenio” y no se publica en el Boletín Oficial del Estado debido a su ámbito autonómico, tampoco se publica en el Diario Oficial de Galicia, sino que es divulgado por los sindicatos... Esta maniobra permite total discrecionalidad a las empresas gestoras del servicio de ayuda a domicilio, para evadir las normas laborales que regulan el salario y demás pagas derivadas de la actividad. Hay empresas que dicen regirse por el convenio autonómico, pero pagan salarios distintos para un puesto de trabajo similar y con la misma jornada, no pagan las horas extras, ni abonan el combustible. ¿Respuesta? El pliego de condiciones del servicio de ayuda a domicilio del ayuntamiento o el presupuesto del ayuntamiento o el partido que controla la gestión del ayuntamiento, son diferentes...

De las 158 empresas de ayuda a domicilio que funcionan en Galiza, 73 están en À Coruña, 39 en Pontevedra, 26 en Lugo y 20 en Ourense. De acuerdo con los datos del ranking, entre estas empresas se encuentra Sacyr –que a su vez encabeza el ranking de facturación en ayuda a domicilio en el estado español-, acompañada por Eulen, Ilunion, OHL y Fepas. Estas grandes empresas, debido a su capacidad de contratación de personal, se dedican además a la teleasistencia, servicio complementario de la ayuda a domicilio y, en algunos casos, gestionan centros de día. Son verdaderos consorcios dedicados a una labor especializada que se financia con el presupuesto público. En 2020 empresas como Sacyr superaron la facturación de 2019, es decir, en el 2do semestre del primer año de la pandemia, remontaron las pérdidas que les causó el confinamiento de marzo 2020. Ello demuestra lo lucrativo del negocio, si se considera que Sacyr y OHL, abrieron este nicho luego de la burbuja inmobiliaria o crisis del ladrillo del 2008 y que se mantienen liderando la bolsa española.

Si bien pudiera observarse un insignificante descenso en la temporalidad en el sector, especialmente en 2020 cuando se incrementó la demanda de la ayuda a domicilio, la brutal explotación que padecen los trabajadores y trabajadoras, según portavoces de la Plataforma SAF Galiza, conlleva bajas recurrentes por enfermedades de origen ocupacional y accidentes laborales. Los niveles de abuso de las empresas son de tal magnitud que se les obliga a trabajar en jornadas extenuantes superiores a las 8 horas diarias, especialmente los fines de semana y festivos, así como cumplir con horarios continuos –de más de 6 horas-, a pesar que se trata de una labor que exige esfuerzo físico y psicológico. La manifestación puso en evidencia el abuso de las empresas con la asignación de más de 5 personas usuarias al día, con diversos grados de dependencia, domicilios ubicados entre sí a más de 10 kilómetros de distancia y tiempos mínimos de desplazamiento, lo cual multiplica el estrés y redunda en una prestación de servicio que no siempre es acorde a la dignidad de la persona trabajadora ni la usuaria.

La Xunta gallega distribuye el presupuesto de ayuda a domicilio entre los ayuntamientos. Estos, dirigidos por una variopinta gama de factores políticos, incluidas las izquierdas conciliadoras con el capital, hacen de furgón de cola de la Xunta y a la derecha, mientras proliferan las empresas que explotan la mano de obra, mayoritariamente femenina y precarizada. Esta situación, presente en la mayoría de las CCAA del estado español, es grave en Galiza considerando la tasa de población dependiente, la de personas mayores, el presupuesto destinado a externalizar un servicio que debería ser asumido por las administraciones públicas y, la cantidad de personas que laboran en el sector. Por todo ello, respaldamos la lucha de la Plataforma SAF Galiza, acompañamos su denuncia y exigimos al estado español, a la Xunta de Galiza y a los ayuntamientos galegos, la inmediata convocatoria para discutir con la patronal un convenio colectivo autonómico justo.

Esperanza Hermida
Betanzos (Coruña)