En un contexto económico donde los precios de alquiler siguen aumentando sin freno y con una inflación que ha empobrecido todavía más a la clase trabajadora. Cada vez se hace más difícil llegar a final de mes, pagar un alquiler o acceder a una vivienda. Llega una ley de la vivienda con grandes carencias.

El pasado 17 de mayo se aprueba en el Senado la nueva ley de vivienda. Uno de los grandes pactos de gobierno PSOE -UP. Una ley que ha tenido varios bloqueos durante la legislatura, como consecuencia de la crisis entre socios de gobierno, y a la que justo se da luz verde en un contexto electoral, a final de legislatura del gobierno español, con el apoyo de ERC y EH Bildu, + País, Compromís, PRC y Teruel Existe.

Claves de la ley de vivienda

La nueva ley prohíbe los desahucios en fecha abierta, que generan una gran situación de vulnerabilidad. El resto de desahucios, que representan la gran mayoría, seguirán ejecutándose con normalidad. Los grandes tenedores tendrán que presentar un expediente de mediación para poder seguir con el procedimiento habitual. Un gran retroceso respecto la ley de vivienda catalana suspendida por el TC, donde se veían forzados a firmar contratos de alquiler social.

Se propone la regulación del parque público de vivienda para evitar la venta a fondos de inversión. Una medida vinculada a la reciente adquisición de la SAREB por parte del Estado.

Habrá una limitación del precio del alquiler. Los contratos de alquiler actuales verán blindado el precio actual en las renovaciones o nuevos contratos en la misma vivienda. A pesar que se seguirá aplicando el incremento anual del IPC limitado al 3% a partir del 2024, ahora del 2%.

En el caso de las viviendas que se alquilen por primera vez, la regulación será por aplicación del índice de precios en las "áreas de mercado tenso". Esta regulación será elaborada por el INE en base a las estadísticas del precio de mercado actuales. Además, el precio se podría ver incrementado si se ha reformado la vivienda o si se solicita un contrato de larga duración.

Mientras el aumento del precio de alquiler ha sido de un 5% en el Estado y un 8% en Cataluña, y el encarecimiento del coste de vida no ha parado de subir con la inflación. Este índice no se puede considerar un buen inicio de partida.

Por otro lado, la ley incentiva a los propietarios el contrato de alquiler a jóvenes o la reducción del precio por debajo del índice de referencia a base de beneficios fiscales.

Se reduce el precio de entrada en un nuevo contrato, obligando a los propietarios a hacerse cargo del coste de honorarios inmobiliarios; un servicio que les corresponde. Por el contrario, no se regula la cantidad de fianzas para acceder a la vivienda, ni tampoco la duración del contrato de alquiler.

Medidas que no van a la raíz del problema: la falta de vivienda pública de alquiler social

La ley sigue poniendo el foco en la creación de Vivienda de Protección Oficial y alquiler social de promoción privada. La gestión de los pisos vacíos sigue siendo una penalización de impuestos. Y se siguen sin regular los alquileres turísticos, uno de los grandes causantes del encarecimiento del precio del alquiler.

¿Cuál es el posicionamiento del movimiento por la vivienda?

Sindicat de Llogateres y la PAH la consideran un pequeño paso, pero insuficiente. Los sindicatos de barrio y grupos de vivienda del estado español han firmado un manifiesto conjunto, calificándola de una ley de mínimos y muy crítico con la falta de política hacia la clase trabajadora.

Seguimos con la lucha del movimiento por la vivienda, para poner fin a los desahucios, nadie se puede quedar sin alternativa habitacional. Se necesita un aumento del parque de viviendas públicas de alquiler social, con expropiación de los pisos vacíos, y una regulación de los precios de alquiler que no supere el 20% de los ingresos del núcleo de convivencia.

Anna Lletjós