1. La intervención del Estado Mayor turco el 27 de abril, mediante una declaración y su página Web, en el proceso parlamentario de elección del nuevo Presidente del Estado, la gran manifestación organizada el 29 en Estambul por las organizaciones partidarias de esa intervención, y la suspensión por el Tribunal Constitucional, el 1 de mayo, de la primera ronda de la votación en el Parlamento, a solicitud del Partido Republicano del Pueblo (CHP, la oposición socialdemócrata), abrieron una profunda crisis de régimen, que puede durar semanas y generar un trance constitucional de larga duración. La crisis ha suscitado un conflicto insti-tucional acerca del funcionamiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El Presidente, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Constitucional se impusieron sobre la jurisdicción y autoridad del Parlamento. Sin embargo, según el proceso normal, democrático y constitucional, la única autoridad que puede elegir un Presidente independiente y neutral es el Parlamento, y las Fuerzas Armadas deberían ser una institución bajo control del poder ejecutivo. Por otra parte, el Tribunal Constitucional se ha mostrado aquiescente con los militares, no como el organismo jurídico supremo que debería ser, con una resolución forzada y artificial, que convierte de hecho en inconstitucionales las votaciones de los anteriores presidentes del Estado, e incluso la del actual.

2. Desde el punto de vista del funcionamiento democrático, el principal causante de esta crisis es sin duda el Estado Mayor. El ejercito, con su declaración, con el pretexto de "proteger el carácter laico del Estado" impuso un frenazo al proceso constitucional de elección de un Presidente por la mayoría del Parlamento y desde las filas del Partido de Desarrollo y Justicia (AKP, el partido gobernante), mostrando además su voluntad de "concretar claramente, si fuera necesario, su posición y opinión. Nadie debe dudarlo". La intromisión del Ejército no ha sido un golpe de estado en que una dictadura militar toma directamente el poder legislativo y ejecutivo en sus manos, sino una intervención bonapartista antidemocrá-tica y contrarrevolucionaria con la amenaza de dictadura directa. Es antidemocrática, pues paró un proceso parlamentario constitucional, si bien en el marco de una Constitución burguesa con un montón de deficiencias democráticas, pero que es mucho más progresivo que un régimen militar. Es contrarrevo-lucionaria, pues esta intervención, inevitablemente, golpeará las luchas políticas y sociales de la clase obrera y el pueblo.

3. La crisis se generó no por un acenso en la lucha de clases con la clase obrera como protagonista, sino por un conflicto entre los poderes y las instituciones del régimen. Así pues, la situación creada por la intervención militar es una crisis impuesta desde fuera y sobre los trabajadores. La crisis ha tomado por sorpresa y sin orientación a los sindicatos y a otras organizaciones obreras, que de hecho venían conviviendo "en paz" con el régimen de "democracia militar-policíaca" y con sus gobiernos que permanentemente atacaban los derechos económicos y políticos de la clase obrera. La factura de la desorientación y la conciliación de esas organizaciones, que frenaban las movilizaciones obreras y populares, la pagará el pueblo trabajador. Por eso, a pesar de que la clase trabajadora no está involucrada directamente en la crisis actual, no hay lugar para la toma de una posición "independiente o imparcial" por su parte. Mientras la clase obrera y el pueblo no se movilicen contra la intervención bonapartista y en defensa de los derechos democráticos, cualquier solución a la crisis amañada por las élites del régimen tendrá graves consecuencias para los trabajadores. Cualquier solución que no acabe derrotando la intervención militar terminará legitimándola y abrirá la puerta a nuevas intervenciones. Además, dividirá las filas de la propia clase trabajadora.

4. La verdadera razón de la intervención antide-mocrática del Estado Mayor no es que el país se dirija, con el gobierno actual, hacía un régimen fundamentalista musulmán anti-laico, como arguyen los militares, sino que el Ejercito iba perdiendo peso en el régimen y que el poder legislativo y ejecutivo se concentraba en las manos del Parlamento y de los gobiernos elegidos por votación popular. Que este proceso haya sido dirigido por un partido demo-musulmán constituye la base para la demagogia pro-laica de la ideología kemalista (de Kemal Atatürk). La intervención del 27 de mayo no fue para "proteger el carácter laico y democrático del Estado", sino para salvaguardar el carácter bonapartista del régimen represivo, uno de cuyos últimos bastiones era el puesto presidencial. Está intervención también fue un intento de defender políticamente, ante el capital islámico, los privilegios económicos de las fuerzas armadas, que son dueños de un sinfín de bancos, empresas, fabricas, cooperativas, supermercados, viviendas, urbanizaciones, etc.

5. Quienes apoyan la intervención militar, y organizaron manifestaciones masivas en las principales ciudades del país, aunque hayan contado con pequeños sectores de la población trabajadora (sobre todo los alevitas), son básicamente las capas de la burguesía media urbana, compuesta por los profesionales acomodados, los funcionarios del estado y los comerciantes. Estos sectores no tienen ningún problema con las políticas neo-liberales del gobierno del AKP, sin embargo la demagogia laica del Ejército y su portavoz político, el CHP, les hizo temer por su modo de vida, sus costumbres de consumo y sus derechos democráticos (los derechos de las mujeres, etc.), y eso les llevó a movilizarse bajo la bandera del kemalismo. Esta movilización apoya claramente la intervención militar y supone un gran peligro para los derechos democráticos del pueblo trabajador. Las masas movilizadas por la demagogia nacionalista y laicista del kemalismo pueden convertirse en la base social de una posible dictadura militar.

6. La actitud del AKP, del gobierno de Tayyip Erdogan y del Parlamento en su conjunto, evidenció que la verdadera democracia nunca podrá construirse en el país bajo la dirección burguesa, ni a través de este tipo de Parlamento. La posición del gobierno y de la mayoría parlamentaria ha consistido sólo en quejas formales, buscando una salida institucional e intentando interpretar la Constitución a su favor. Las fuerzas políticas supuestamente democráticas evitaron sistemáticamente cualquier movilización popular para defender el proceso democrático. El Parlamento y el Gobierno no defendieron la democracia. El Parlamento capituló al dictado de los militares, se negó a asumir su responsabilidad y al final se disolvió. Esta es la clara demostración de la actitud vergonzante de capitulación e históricamente antidemocrática de un partido islamista, supuesto campeón de los derechos democráticos. (El carácter represivo y antidemocrático del gobierno del AKP quedó más que claro con la brutal represión que utilizó el 1 de mayo contra la clase trabajadora, cuando la tinta de la declaración de los militares aún no se había secado.) El AKP y el gobierno tomaron la resolución del Tribunal Constitucional como un salvavidas y se contentaron con fingirse víctimas, concentrándose simplemente en las próximas elecciones generales. Demandamos la inmediata detención, juicio y castigo de los generales intervencionistas.

7. La oposición de cuatro años de la socialdemocracia no fue para parar los ataques económicos y sociales del gobierno demo-musulmán contra la clase trabajadora y el pueblo, sino para difundir el temor al fundamentalismo entre la población laica, buscando su futuro político en la intervención de los militares. Saludó la declaración del Estado Mayor del 27 de abril, y aplaudió la intervención bonapartista. No defendió al Parlamento ante los militares; en vez de eso, facilitó su destrucción por medio de la resolución del Tribunal Constitucional. Por eso, el CHP no merece estar en el Parlamento, sino ser echado del escenario de la democracia turca. La actitud de los líderes del CHP en nombre de la izquierda es una vergonzosa traición histórica. Además, hoy el CHP está intentando "unir" a todas las fuerzas de izquierda alrededor de su proyecto, lo que para nosotros es un nuevo intento de difundir la confusión en las filas de la clase trabajadora y unirla al Ejército, a la ideología nacionalista, anti-democrática y racista del kemalismo. Lo que más necesita hoy la clase trabajadora es su propio partido revolucionario e internacionalista.

8. Mientras el CHP apoyaba claramente la intervención antidemo-crática del Ejército, los líderes del AKP evitaban cualquier resistencia contra la intervención con el argumento de que "no querían que el país se rompiera en frentes enemigos". Esa es la actitud conciliadora del partido gobernante. Sin embargo, la única manera de derrotar la intervención militar era movilizar a las masas en defensa del Parlamento. Ni el AKP, ni el gobierno, ni ningún partido político supuestamente partidario de la democracia lo hizo, y la explicación de esto está en el carácter de clase del gobierno y de dichos partidos. El AKP es un partido burgués y su política está limitada a la ideología burguesa. Sea laico o islamista, ningún sector de la burguesía es verdaderamente democrático. Los líderes demo-musulmanes o socialdemócratas no temen a la intervención militar, pero sí a la movilización democrática de las masas. La actitud de esos líderes muestra una vez más que en Turquía la democracia puede ser construida únicamente por medio de una revolución de las masas, y no bajo la dirección de los partidos burgueses. La tarea histórica de la clase trabajadora y del pueblo es la construcción de una Asamblea Constituyente para establecer en el país los derechos y libertades democráticos.

9. La Constitución de 1982 es producto de la dictadura militar de entonces y, a pesar de los cambios de los últimos años, es fundamentalmente antidemocrática. Además, la crisis provocó varias nuevas interpretaciones de la Constitución que deslegitiman los procesos parlamentarios anteriores. Nuevos cambios que se puedan proponer serán simplemente nuevas perchas para un saco que no sirve para solucionar los conflictos intestinos de las élites políticas burguesas. Por tanto, la principal tarea de la Constituyente debe ser redactar una nueva Constitución plenamente democrática y al servicio del pueblo, y presentarla al voto popular.