A más de 34 años del golpe, la
cárcel a los genocidas es un
triunfo del pueblo, que no debe
quedar allí. Junto a Bignione y
Martínez de Hoz deben ir a la
cárcel todos los cómplices civiles
de la dictadura. El pueblo argentino
nunca dejó de luchar. Logró
anular las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida y reabrir las
causas contra los genocidas,
reclamando «cárcel común» para
todos ellos. Sin embargo a día de
hoy, a pesar de lo que dice el
gobierno, y a más de cinco años
y medio de anuladas las leyes de
impunidad, el 95% de los
genocidas están libres. Y el 5%
que está condenado o procesado
lo está por un número mínimo de
víctimas. Además, la mayoría
están excarcelados o siguen en
escandalosas condiciones de
detención en «countries» o
dependencias militares. La lucha
no se ha detenido en estos años,
y el mes pasado se logró otro
triunfo.

Cárcel para Bignone, último
presidente de la dictadura
Se llevó a cabo el juicio contra los
represores que actuaron en Campo
de Mayo, sede del Ejército argentino.
El Tribunal Oral Federal N°1 dictaminó
25 años e inhabilitación absoluta,
perpetua, accesorias legales
y pago de costas para Reynaldo
Benito Bignone, el último dictador de
la genocida Junta Militar argentina de
1976-1983; y junto con él, a los también
represores Santiago Omar
Riveros y Fernando Verplaetsen. Además,
20 años e inhabilitación absoluta
por el tiempo de condena y pago
de costas para Carlos Tepedino, 18
años e inhabilitación absoluta por el
tiempo de condena y pago de costas
para Jorge Osvaldo García, 17 años
e inhabilitación absoluta por el tiempo
de condena y pago de costas para
Eugenio Guañabens Perelló. El fallo
dictado por los jueces expresó que
en el debate se trató sobre delitos de
Lesa Humanidad y que los acusados
deberán cumplir su condena en un
Servicio Penitenciario Federal.

Arrestado José Alfredo
Martínez de Hoz, ex ministro
de economía e ideólogo del
plan económico
José Alfredo Martínez de Hoz, ex
ministro de Economía de la última
dictadura y símbolo máximo de la
política que castigó «a millones de
seres humanos con la miseria planificada
», fue procesado el mes
pasado con prisión preventiva por
orden del juez federal, por dos secuestros
extorsivos que el magistrado
calificó como crímenes de
lesa humanidad, por ende
imprescriptibles.

En 1988 el juez federal Martín
Irurzun procesó al dictador Videla y
a sus ministros Martínez de Hoz y
Albano Harguindeguy como
coautores del secuestro extorsivo
de los Gutheim (Federico y Miguel
Gutheim, habían sido forzados a
renegociar desde la cárcel un contrato
privado con comerciantes
extranjeros en 1976). El economista
estuvo más de dos meses preso.
El 14 de julio de 1988 la Cámara
Federal confirmó las preventivas
de los militares, firmantes del decreto
que ordenó las detenciones,
y ordenó liberar a Martínez de Hoz,
no por falta de indicios sobre su
responsabilidad, sino porque a diferencia
de los uniformados no había
dejado sus huellas en el decreto.
La investigación seguía abierta
cuando Menem le perdonó sus
delitos con un indulto.

El proceso estuvo paralizado hasta
mediados de 2006, cuando los
organismos de derechos humanos
solicitaron la reapertura de la causa
y la declaración de
inconstitucionalidad de los indultos,
petición a la que se sumó la SDH.
El mes pasado se pronunció en tal
sentido la Corte Suprema de Justicia.
El mismo día, Martínez de Hoz
manifestó mediante una solicitada
que se siente víctima de «una persecución
interminable» por parte del
gobierno nacional. Incluyó entre los
supuestos cómplices a la Justicia
federal y a la Corte Suprema de
Justicia, con «escasas y honrosas
excepciones». Duhalde solicitó su
detención de inmediato. El Juez
Oyarbide ordenó la prohibición de
que el imputado saliera del país.

Como Martínez de Hoz había prestado
declaración indagatoria en los
’80, ordenó su detención sin necesidad
de volver a indagarlo. También
le embargó sus bienes, por
valor de dos millones de pesos. Los
efectivos de Interpol que fueron a
detenerlo, debieron esperar horas
hasta que un equipo médico constató
su estado de salud.

El juez destacó en su resolución,
de treinta y tres hojas, «la deliberada
impunidad de los procederes»
que caracterizó el caso de los
Gutheim. También se refirió al «irrazonable
empleo del poder coercitivo
del Estado nacional sobre sus
súbditos, la más absoluta desatención
–plenamente consciente y
determinada – a las esenciales garantías
ciudadanas y el
avasallamiento de todo principio
constitucional». En resumen, «la
actuación de las máximas autoridades
de la Nación disponiendo,
según su parecer, designios y/o
conveniencias políticas y/o personales,
sobre la vida y la fortuna de
las personas, al margen de toda
regla de convivencia y del Estado
de Derecho», escribió.
Es un paso más, pero la lucha
continua.