Si algo resume la política del gobierno PSOE-Unidas Podemos al servicio del capital, incluso a costa de vidas, han sido las dos semanas (hasta el 03/29/20) que ha tardado en decretar la "hibernación" de la economía con el cierre de las empresas no-esenciales, mientras se iban sumando víctimas. E incluso han mentido anunciando la prohibición de los despidos, cuando había 300.000. La complicidad de CCOO y UGT, firmando los ERTEs por razones técnicas y acuerdos en la mayoría de los de fuerza mayor (Renault, Volkswagen Navarra, SEAT,...), se redondea cuando ante el confinamiento total, piden a los trabajadores "Esfuerzo, responsabilidad y trabajar más".
La guinda del pastel fue el martes 31, cuando PSOE-Unidas Podemos, ni decreta la moratoria de los alquileres, ni una solución a temporales que han quedado por el camino. Hasta aquí gobiernos, estatal y autonómicos, y los sindicatos mayoritarios, han hecho que la crisis del coronavirus la paguemos nosotros. ¡¡Hay que decir basta!!

Cuatro maneras en que trabajadoras del mismo sector, paguen la pandemia:

a. Víctimas de ERTEs: al rescate de la empresa, sobre todo la grande con beneficios
En lugar de prohibir los despidos, el gobierno PSOE-Unidas Podemos, con el aplauso de la Generalitat, con el decreto RDL 8/2020, ofrecía a las empresas ERTEs que les permiten traspasar los sueldos en el Estado en 5 días, sea por resolución o por silencio administrativo. Esto se completa con un recorte salarial al 70% de la base reguladora (con los topes que marca el SEPE) para los y las trabajadoras y exoneraciones a las cotizaciones sociales para la empresa. Ya son 200.000 los ERTEs iniciados, y se calcula que afectarán más de 1,5 millones de trabajadoras (a 03/31/2020, afectaban a 547.837 trabajadoras en Catalunya, 187.000 en País Valenciano, 51.213 en Euskadi, en Andalucía se habían presentado casi 60.000 expedientes...). CCOO y UGT además de llamar a trabajar y esforzarnos, han firmado todos los de razones técnicas, económicas, organizativas o de producción y acuerdos que avalan muchos de los de fuerza mayor.

Pero además, más de 140.000 trabajadoras lo son en grandes empresas con beneficios millonarios, que deberían haber cubierto la totalidad de los sueldos y no sólo simbólicos lavados de cara de dar mascarillas o sábanas mientras aplicaban ERTEs. Así Inditex -en manos de Amancio Ortega, que cobra 900.000 veces el salario mínimo, y que declaró 3.639 millones en beneficios en 2019- plantea ERTE para 25.000 trabajadoras si el confinamiento se alarga más allá del 15 de abril: los que tienen contratos temporales ya han recibido una carta comunicando que ni se renovarán ni se podrán acoger al ERTE. Lo mismo con Renault: 2.900 millones de beneficios (ERTE de 11.649 trabajadores); Alsea: 102 millones (ERTE de 22.000); El Corte Inglés, 258 millones (ERTE de 26.000); IKEA: 1.817 millones (ERTE de 6.000); HyM; Iberia, Vueling (IAG), Ryanair, Calzedonia, Mediapro, Decathlon, Mango,... Todos con beneficios millonarios y ERTEs para la mayoría de las respectivas plantillas.

Los ERTE se pagarán con dinero público de nuestros impuestos, pero no los suyos, porque, por ejemplo Inditex, desvía los beneficios en 19 sociedades en paraísos fiscales, IKEA está multada por Hacienda por evasión... las 134 grandes multinacionales de matriz española, que el 2016 declararon un beneficio de 91.894 millones euros, pagaron en impuestos en todo el mundo, un 12,6%.

Ya denunciamos hasta qué punto priman los beneficios cuando incluso se tuvo que detener un ERTE de 28.000 trabajadoras de la sanidad privada en un momento como este. Pero podemos seguir, porque empresas de transporte de viajeros subvencionadas, también pretendían hacerlo. Así como las 25.000 trabajadoras de comedores escolares en Catalunya, debido al cambio de posición del gobierno de la Generalitat que no garantiza el pago directo de los salarios.

La realidad es que con los ERTE, la mayoría de los y las trabajadoras están a sueldo del estado, razón por la cual, habría que exigir expropiaciones estratégicas: las de la sanidad privada, ambulancias y empresas auxiliares de la sanidad, y laboratorios automáticamente; pero también, como decían los compañeros de CGT de transporte, intervención o expropiación de todo lo privado subvencionado que es servicio público. Y en el caso de las trabajadoras de comedores escolares, inmediata incorporación a plantilla pública...

b y c ¡¡300.000 despedidos / as y 600.000 finalizaciones de contratos temporales!!

Con la segunda variante, que Yolanda Díaz propagandizó como "prohibición de los despidos", el 27/03/20, en realidad firmaba un decreto en que los calificaba de improcedentes, no nulos, es decir, que al empresario le salen más caros. El 1/4/2020 se daban las cifras resultado de esta política: 300.000 despedidos/as más -aparte de los ERTEs- y llega a 3.550.000 personas paradas a nivel estatal.

Pero como también ha habido no renovaciones de contrato, la pérdida de afiliados a la Seguridad Social es mucho mayor, de 833.979. De estos, dos de cada tres, más de 600.000, eran puestos de trabajo temporales. Uno de los casos de finalización de contratos sin prórroga, son los doctorandos de las universidades catalanas, a quienes no sólo no aplican el 4º año de contrato que corresponde por ley, sino que no se les prorrogan los contratos que se han terminado en plena pandemia (a diferencia del Ministerio, que sí lo ha hecho con el personal investigador).

Muchos de estos 600.000 no tienen suficiente tiempo cotizado para cobrar el paro por lo que se esperaba que el Gobierno anunciara la prometida renta básica en el RD-ley 11/2020, de 31 de marzo. Pero tampoco: los miserables 440 euros para los temporales... ¡¡exigen que lleven trabajados dos meses!!!

Todo ello sin tener en cuenta los miles de trabajadoras migrantes -algunas en trabajos de cuidados que, sin papeles, no sólo no recibirán nada, sino tampoco una regularización inmediata que les permita unas condiciones mínimas para el confinamiento. En el sur de Italia hemos visto situaciones de desesperación de gente que no tiene recursos ni para comer: hay que exigir medidas urgentes desde las administraciones de atención para que nadie -realmente- no quede atrás.

d. Los que no eran esenciales, de vacaciones forzosas
Si la empresa no siendo esencial te había hecho ir a trabajar -con todos los riesgos sanitarios- hasta el confinamiento total del 31/3, el decreto RDL 10/2020 tampoco la penaliza, sino que volvemos a pagar a los trabajadores para que se decreta que estamos de "vacaciones" y tendremos que devolver las horas a la empresa... cuando ella diga, si no hay acuerdo.

Como conclusión: 4 trabajadoras de un mismo sector no esencial, pueden estar en cuatro situaciones diferentes, siempre pagando por coronavirus. Uno puede estar de ERTE, otro despedido o con un contrato vencido, y un cuarto cobrando pero debiendo devolver las horas... eso, es el "escudo social" de Unidas Podemos en el gobierno que dice de sí mismo que ".... Esto sería muy diferente sin Yolanda, Irene, Alberto, Pablo y Castells en el Consejo". Parece que sí han logrado, la prohibición de la publicidad del juego online durante el estado de alarma.

La guinda: garantizar el negocio inmobiliario y energético

Todo el mundo esperaba que cayera alguna miga con el tema de alquileres. Pero se ha aplicado el mismo criterio: garantizar el cobro de los alquileres en un parque que se ha encarecido en los últimos 5 años un 35%. Los fondos buitres controlan el 25% del parque de alquiler y los grandes tenedores hasta el 30%: un millar de arrendadores controlan 75.000 viviendas. Pero tampoco han decretado una moratoria, sino que se prohíbe desahuciar, pero sin dejar de pagar, con créditos a interés 0 avalados por el gobierno y, en el caso de los fondos, con un acuerdo donde se pueda o condonar hasta el 50% o reestructurar la deuda. O sea: garantizar, con aval del estado, el cobro a los propietarios, a costa del endeudamiento de los y las trabajadoras.

Entre los fondos buitres que cobrarán, si es necesario, con dinero público, está Blackstone, propietario del ladrillo tóxico de Catalunya Banc (3.615 millones) y, con el Santander, los del Banco Popular (5.000 millones): 22.000 propiedades, 12.000 de alquiler gestionadas a través de las Socimis Fidere, Albirana y Törbel Investments.

Tampoco se hace pagar a las multimillonarias energéticas decretando la gratuidad de los suministros, sino que se prohíben cortes, pero ni se resuelven los posibles impagos ni el endeudamiento de las familias, que tendrán que pagar una vez pase la emergencia.

La movilización total de este plan, en su mayoría de avales a créditos, es de 700 millones de euros, frente al 100.000 millones en avales a empresas: ¡¡hasta en eso la comparación es odiosa!! La huelga de alquileres, como hace 89 años, comenzaba el 1 de abril.

Y como quien no quiere la cosa, modificación de la legislación laboral

Para acabar de redondear, la orden SND/292/2020 de 26/03 supone que la servidumbre vuelve a ser legal en el Sector Social: permiten servicios extraordinarios, funciones diferentes a su lugar de trabajo,... y estar siempre disponibles. Intentan cargar la crisis del sector social con los recortes que ha venido sufriendo, las privatizaciones -como las residencias de abuelos-, déficits de personal, etc.... sobre los hombros de los y las trabajadoras. Unos servicios que van del Servicio de Atención Domiciliaria, totalmente externalizado en las grandes ciudades, a empresas como Valora-SACYR, Accent Social-CLECE, ASISPA o Suara,..; los Servicios de atención a los sin techo, los CUES (Centro de urgencias y emergencias Sociales), los SAIER (Servicio de Atención a los inmigrantes),... que tienen que volver a ser públicos y dejar de ser una fuente de ganancias a costa de trabajadoras, usuarias y de nuestros impuestos.

El futuro postcoronavirus: lucha o miseria

Así pues, ya estamos pagando por esta crisis, pero quieren más y garantizar que el postcoronavirus también lo paguemos nosotros. Ante "la hibernación" de la economía, la derecha y la patronal pusieron el grito en el cielo. Casado alineándose con CEOE y Cepyme, exigiendo que "El coste no puede recaer en las empresas sino al Estado”...., ha amenazado con no aprobar los dos últimos decretos, considerando que tenía que haberse hecho de otra manera "Para salir juntos, con las autonomías y los agentes sociales, y sin una agenda ideológica radical".

De radical, nada, porque se mantienen activas empresas dudosamente esenciales tales como la industria electrointensiva, siderúrgica y minera, las plantas de ciclos de producción continua (que supuestamente costaría dinero detenerlas), la industria aeroespacial y de defensa, o servicios de limpieza de empresas no esenciales y por tanto, cerradas... ¡Todo por las ganancias!

Pero nos espera más, y contra lo que dice Podemos que los ERTE son para evitar despidos, parece que las empresas plantearán concursos masivos de acreedores, según el Consejo General del Colegios de Economistas, que augura que entre este trimestre y el siguiente los concursos crecerán más de un 200%, situándose por encima de los 3.000. Según la FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), a los ERTEs y EREs, despidos, y finalizaciones de contratos, hay que añadir 1,7 millones de ofertas de trabajo que no se harán, estimando que al final estarán afectados 9,2 millones de trabajadores.

El instituto alemán IFO afirma que, en el caso del estado español, cada semana de paralización económica tiene un coste de entre 10.000 y 20.000 millones de euros (0,8 a 1,6 puntos del PIB). Así, dos meses de cierre rebajarían el PIB entre 8,1 y 13,8%. Si se prolonga, se puede llegar a una horquilla de entre un 11,3 y el 20% de pérdida del PIB. El FMI dice algo menos: pérdida de un 3% PIB cada mes, y afirma que Europa ya está en recesión.

El gasto es enorme y la política de PSOE-Unidas Podemos ya ha demostrado estar al servicio del gran capital y transferirles fortunas durante la crisis. Y el plan de la UE -que cree que estamos en una situación mucho peor que la de 2009-, como el del gran capital se refleja en las palabras de Thierry Breton, comisario de Mercado Interior de la UE, ex ministro francés y empresario estrella: «El estado entrará en empresas, pero será provisional». Es decir, lo mismo que se hizo con Bankia: sanear con dinero público y volver a privatizar. ¡No podemos permitir que se repitan situaciones como estas, pero patronales, UE y gobiernos, querrán que sigamos pagando nosotros!

En Italia las huelgas de sectores no esenciales y la huelga general del 25 de marzo obligaron al gobierno Conte a retroceder. Aquí, también hay resistencias a esta política para detener la actividad en empresas como Airbus, contra los ERTE como Alsea, por la renovación de contratos como los doctorandos en Catalunya... Todo ello hace que desde las caceroladas en los balcones, debamos responder con la solidaridad a la resistencia de trabajadores/as contra ERTEs y despidos, tejiendo una red que nos permita luego pasar a las calles, para recuperar los recortes de sanidad y servicios públicos, para internalizar sectores privatizados, y por un plan obrero de medidas urgentes de salida de la crisis. Todo ello se debe garantizar con financiación y sólo hay una manera de asegurarlo: el no pago de la deuda, porque si no, nos dirán que no hay dinero. Y no nos podemos permitir un futuro aún con más pobreza.

3 de marzo de 2020

Lucha Internacionalista

Notas

1. Socimis: Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, exentas de impuestos de Sociedades y con una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actas Jurídicas Documentadas